Los manifestantes, que portaban vinchas y globos amarillos, caminaron una decena de cuadras entonando cánticos como "se siente, se siente, la vida está presente" o "si matar no es un delito, qué cosa lo será", mientras una mujer repartía pequeñas cintas negras como señal de "duelo por los millones de niños que no nacerán en Uruguay".
La despenalización del aborto "se está tratando hoy día en toda América latina y son más o menos los mismos proyectos de ley. Acá lo que hay son presiones internacionales de programas de control de la población para países del tercer mundo", dijo a la AFP Néstor Martínez, de la Mesa Coordinadora nacional por la vida.
Para Lorna Marchetti con el proyecto "se le está confiriendo a la mujer un permiso para que libremente pueda abortar cumpliendo requisitos mínimos y se está transformando en un acto médico".
La militante opinó que "todavía no está todo dicho" y aseguró que seguirán "peleando y militando" para evitar la aprobación de la ley.
El proyecto despenaliza la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación bajo determinadas condiciones y sustituye otro aprobado en diciembre de 2011 por el Senado, promovido por el gobernante Frente Amplio (FA, izquierda) pero que fracasó por la oposición de uno de sus diputados.
El FA tiene una ajustada mayoría de 50 diputados (en 99) en la cámara baja y debió negociar una versión alternativa con el Partido Independiente, lo que permitiría que el nuevo proyecto sea aprobado el martes. Si es validada, la iniciativa debe volver al Senado para que éste convalide los cambios.
Según la norma en debate, para abortar la mujer debe entrevistarse con un equipo de al menos tres profesionales que le informará sobre los riesgos, las alternativas y los programas de apoyo social a la maternidad o de adopción.
Luego tendrá que esperar cinco días y si ratifica su voluntad de abortar se coordinará el procedimiento.
Como excepción, se autorizaría el aborto cuando el embarazo implique un grave riesgo para la salud de la mujer, cuando haya malformaciones incompatibles con la vida extrauterina o cuando el embarazo sea producto de una violación, dentro de las 14 semanas de gestación.
- Frustración -
En la vereda de enfrente, la organización Mujer y Salud Uruguay (MYSU) convocó para el martes a una performance frente al Palacio Legislativo bajo la consigna "Mientras ellos ponen las condiciones, nosotras ponemos el cuerpo".
Mujeres con los cuerpos pintados manifestarán así su disconformidad con el proyecto en debate alegando que "no sólo no despenaliza el aborto, sino que además obliga a las mujeres a comparecer ante un tribunal interdisciplinario".
"No es el proyecto por el que hemos peleado tantos años", dijo a la AFP Ana Lima, integrante de la Coordinadora por el Aborto Legal, añadiendo que hay cierta "frustración" por el proyecto que se acordó a nivel político.
Según la organización, el proyecto no implica una despenalización sino que "suspende la pena" si se cumplen los trámites, no le reconoce a la mujer el derecho a decidir libremente sobre su vida y no prevé sanciones a los servicios de salud que no cumplan con los plazos previstos.
"Todas las obligaciones están del lado de las mujeres", cuestionó Lima. Además, "es un retroceso" del código penal actual porque en los casos de violación acorta el plazo legal para realizarse un aborto a 14 semanas.
De todas formas, "estamos poniendo un puntito más en la legislación", sostuvo. "Es la ley que tendremos y habrá que seguir trabajando en la etapa de la reglamentación".
Al realizarse de forma clandestina, los abortos en Uruguay son difíciles de contabilizar, pero según datos de organizaciones no gubernamentales en este país de 3,4 millones de habitantes se registran más de 30.000 abortos por año, contra unos 47.000 nacimientos.
La ley vigente, de 1938, pena con tres a nueve meses de prisión a la mujer que consienta un aborto, con seis a 24 meses a quien colabore con el mismo y con dos a ocho años a quien lo practique sin el consentimiento de la embarazada.
Esta es la tercera iniciativa que analiza el FA desde su llegada al poder en 2005. En 2008, el Parlamento lo despenalizó pero la ley fue vetada por el entonces presidente Tabaré Vázquez alegando "principios éticos".