Los nuevos casos elevaron a 34.612 los homicidios ocurridos en el marco de esa ofensiva, señaló el portavoz del gobierno, Alejandro Poiré, durante un encuentro con representantes de diferentes sectores sociales para debatir las críticas a la estrategia de seguridad del presidente Felipe Calderón.
"En 2010 se registró la mayor cantidad de homicidios, 15.273, aunque se debe resaltar que la tendencia se estabilizó en el tercer trimestre y desde entonces se registró un leve descenso", dijo el portavoz.
Poiré subrayó que la mitad de estos homicidios relacionados con el narcotráfico se concentraron en 2010 en tres estados del país: Chihuahua (norte, 30%), Tamaulipas (noreste, 12%) y Sinaloa (oeste, 8%).
Los dos primeros son estados fronterizos con Estados Unidos utilizados por los narcotraficantes para introducir drogas ilícitas en Texas y Nuevo México.
En tanto, en Sinaloa, un estado con costas sobre el Pacífico, opera un cártel del mismo nombre liderado por Joaquín "El Chapo" Guzmán, prófugo desde 2001 y considerado el capo más buscado por Estados Unidos y México.
Los crímenes relacionados con el narcotráfico se concentraron el año pasado en 73 de los 2.430 municipios del país, según el gobierno.
La cifra de homicidios en 2010 corresponde casi a la mitad de las ocurridas en México desde que el presidente Felipe Calderón inició en diciembre de 2006 una ofensiva contra los cárteles, con participación de unos 50.000 militares.
En diciembre, la Procuraduría General (fiscalía) había dado un balance de 30.200 muertos desde el comienzo de la ofensiva contra el narcotráfico en 2006.
Según Poiré, el aumento de los crímenes el año pasado se debió a una mayor confrontación entre organizaciones mafiosas, y subrayó que han sido golpeadas con con la captura o muerte en los últimos dos años de 19 de sus líderes.
"Este fenómeno se explica por los conflictos entre los distintos grupos criminales que pasaron del trasiego de drogas e incursionaron cada vez más en actividades de extorsión, trata de personas y piratería", dijo.
Según las cifras oficiales, casi 9 de cada 10 homicidios registrados corresponden a ajustes de cuentas entre organizaciones mafiosas o enfrentamientos internos.
"El 89% de los casos registrados en esta base de datos corresponde a ejecuciones, definidas como homicidios violentos cometidos presumiblemente para amedrentar a sus rivales o disciplinar a sus socios", señaló.
Las otras muertes -cuyo número no fue especificado- corresponderían a militares, policías y autoridades asesinadas por los delincuentes y en menor número a civiles víctimas del fuego cruzado o confundidos por las fuerzas armadas con criminales.
Grupos de derechos humanos y los partidos de oposición han criticado la estrategia de Calderón de involucrar al Ejército y la Marina de guerra en la lucha antidrogas, por exacerbar la violencia y provocar un aumento de las violaciones de los derechos humanos.
Esta semana un grupo de caricaturistas de prensa inició una campaña para que los mexicanos coloquen el lema "No más sangre" en sus casas, vehículos y empresas, como señal de descontento.
Durante el evento, Calderón reiteró su llamado a la unidad para enfrentar el crimen y señaló que la responsabilidad por el incremento de los homicidios no puede atribuirse al gobierno.
"Quienes los cometen son los asesinos, no la autoridad, que está obligada a someter a esos criminales y a enfrentar a esos asesinos", se defendió.