La magistrada de Buenos Aires María Servini de Cubría, que amparándose en la justicia universal investiga desde 2010 los crímenes cometidos durante la guerra civil española (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), había pedido el 1 de noviembre la extradición de estas personas para interrogarlas.

En "diciembre recibimos en el ministerio de Justicia de autoridades argentinas la petición de extradición de 20 ciudadanos españoles, entre ellos ocho exministros", explicó Catalá, precisando que "el expediente no estaba completo" y que la información adicional solicitada llegó recientemente.

Tras lo cual tomó su decisión. "Hoy he sometido a la consideración del consejo de ministros un acuerdo para la denegación de la continuación de la extradición", anunció en una rueda de prensa al término de la reunión semanal del gobierno.

"En este caso que nos solicita la juez Servini hay una serie de circunstancias por las que nos ha parecido, con todos los informes jurídicos, (...) que hay tres motivos para no conceder esa extradición", explicó Catalá.

Y enumeró esos motivos: España es competente para juzgar estos casos, los presuntos delitos cometidos en los años 1970 ya prescribieron y algunos de ellos como "haber firmado sentencias de penas de muerte" eran legales según el código penal de la época, por lo que no se pueden considerar delitos.

En su resolución, de unas 300 páginas, la magistrada argentina argumentó sin embargo que dichos "delitos constituyen crímenes de lesa humanidad por lo que en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal".

Las asociaciones de víctimas, que denunciaron la desaparición forzada de 114.000 personas y el robo de decenas de miles de bebés, acudieron a los tribunales argentinos por las dificultades para llevar el caso ante la justicia española en razón de una ley de amnistía de 1977.

Entre los reclamados por la jueza Servini se encuentra el exministro franquista José Molina Utrera, suegro de Alberto Ruiz Gallardón, que fue ministro de Justicia hasta septiembre, cuando fue reemplazado por Catalá.