"Estos últimos años, el número de ejecuciones no ha sido eficaz. Por lo tanto, hace falta que haya una revisión [de la ley] sobre la pena de muerte. El poder judicial comparte globalmente esta opinión", declaró Purmohamadi. 
La justicia iraní no publica cifras del número de ejecuciones pero, según la ONU, Irán ha ejecutado a casi un millar de personas en 2015, algo que Teherán no ha confirmado.
En este país, el asesinato, la violación, el robo a mano armada, el tráfico de drogas y el adulterio pueden ser sancionados con la pena capital. El 93% de las ejecuciones se vinculan oficialmente al tráfico de drogas. 
Hay que encontrar "penas que sustituyan a la pena de muerte", afirmó el ministro, pero no se puede abolir, pues existen "corrompidos para los que no hay alternativa". 
El ministro de Justicia sólo se encarga de las relaciones entre el gobierno y la Autoridad Judicial, que detenta el verdadero poder en materia de justicia en Irán. 
A finales de agosto, Mohamad Javad Larijani, secretario del Alto Consejo de los Derechos Humanos, dependiente de la Autoridad Judicial, afirmó que era hostil "a la supresión total de la pena de muerte pues estimamos que ésta debe existir para las élites peligrosas". Aún así, dijo que el organismo era "favorable a una revisión de la ley en aras de una mayor eficacia". 
Se ha depositado en el Parlamento una propuesta de ley para modificar la legislación sobre la pena capital contra los narcotraficantes.
A finales de agosto, el adjunto del jefe de la Autoridad Judicial, Mohamad Bagher Olfat, declaró que "la pena de muerte para los traficantes de drogas no había tenido un efecto disuasorio hasta ahora". 
Mucha de la droga que se produce en Afganistán transita por Irán, donde se vende una parte, antes de ser enviada hacia Europa y Oriente Medio.