"Israel debe (…) cesar todas las actividades de colonización de forma incondicional (e) iniciar de inmediato el proceso de retirar a todos los colonos" de los territorios ocupados, señala el informe, encargado a un grupo de tres expertos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

A causa de la existencia de los asentamientos, las violaciones de los derechos humanos de los palestinos "son sistemáticas y cotidianas", añade el documento, elaborado por la francesa Christine Chanet, la paquistaní Asma Jahangir y la botsuanesa Unity Dow.

La réplica de Israel no se hizo esperar: se trata, según un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores israelí, de un estudio sesgado y "contraproducente", que "obstaculiza los esfuerzos para encontrar una solución al conflicto" israelo-palestino.

"Desgraciadamente, el Consejo de Derechos Humanos se distingue por su enfoque unilateral y sistemáticamente parcial contra Israel", agregó.

Israel rompió todos sus vínculos con el Consejo después de que éste decidiera en marzo de 2012 enviar una misión para determinar el impacto de los asentamientos sobre los derechos humanos de los palestinos.

El martes, boicoteó una sesión especial del Consejo que le estaba dedicada, un hecho inédito en la historia de esta instancia de la ONU.

Los autores del informe no pudieron visitar los territorios ni viajar por Israel, al no haber recibido respuesta de las autoridades israelíes a sus pedidos de cooperación. Se instaló entonces en Ammán, la capital de Jordania, desde donde contactó a palestinos y a representantes de la sociedad civil israelí.

Y comprobó, según expone, una situación "de desesperación, incluso en el seno de la sociedad civil israelí".

El informe, que será presentado el 18 de marzo ante los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos, urge al estado hebreo a "garantizar una adecuada, eficaz y rápida solución para todas las víctimas palestinas por los daños que sufrieron a consecuencia de las violaciones de los derechos humanos resultantes de la colonización".

Los asentamientos "se mantienen y desarrollan a través de un sistema de segregación total entre los colonos israelíes y los habitantes de los territorios ocupados", posibilitado "por un control militar y de seguridad estrictos, en detrimento de los derechos del pueblo palestino", analiza el informe.

En concreto, todo eso atenta contra el derecho a la autodeterminación, a la no discriminación, a la libertad de desplazamiento, a una justicia imparcial, al acceso a lugares de plegaria, a la educación, al agua y a la vivienda. Se trata de fenómenos "relacionados entre sí, que forman un modelo integral", apunta el texto.

A causa de esas diferencias de trato, los colonos que cometen actos de violencia contra palestinos son muy rara vez juzgados y condenados, prosigue el informe, que cita un estudio de Yesh Din, una ONG israelí, según el cual el 91% de ese tipo denuncias entre 2005 y 2012 se cerraron sin inculpaciones.

Los palestinos, por su lado, están expuestos con frecuencia a detenciones arbitrarias. El año pasado, indican los tres expertos, había 4.100 palestinos en cárceles militares israelíes, 21 de ellos menores de 16 años.

Christine Chanet, una de las autoras del informe, señaló que los asentamientos pueden enmarcarse en el mandato "del artículo 8 de la Corte Penal Internacional (CPI) (...) relacionado con crímenes de guerra", aunque aclaró que hasta ahora nunca se mencionó la posibilidad de recurrir a ese tribunal.

Israel ya ha creado unos 250 asentamientos, en los que viven unos 520.000 colonos, en los territorios que ocupó tras la guerra árabo-israelí de 1967 (la Guerra de los Seis Días). Un proceso que, según la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, conduce a "una anexión rampante e impide la creación de un estado palestino viable y con continuidad (territorial)".