El Grupo de Trabajo de la ONU se une así al Relator Especial sobre la promoción de la verdad, el colombiano Pablo de Greiff, que considera que España no prestó la atención debida a los derechos humanos durante su transición a la democracia.

Un grupo de cinco expertos del Grupo viajó a España en 2013 y presentó sus conclusiones el viernes ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.

"Investigar de oficio y juzgar todas las desapariciones forzadas a la luz de las obligaciones internacionales, de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de la mismas", exhorta el informe.

El Grupo insta a que España adopte "todas las medidas necesarias legislativas y judiciales, para asegurar que las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía, en particular privando de todo efecto a la interpretación judicial dada a la Ley de Amnistía de 1977", una de las leyes clave de la transición, tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

Los delitos de lesa humanidad como las desapariciones tienen carácter retroactivo, por lo que deben ser investigadas independientemente de cuando hayan ocurrido, razonan los expertos.

El informe recomienda a propósito de ello a España que ratifique la Convención de la ONU sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La delegación española, en su respuesta al informe, evaluó que el texto "incluye numerosas recomendaciones, aunque no todas ellas de la misma urgencia ni importancia".

Varias de esas recomendaciones son "inaplicables e incompatibles con el Estado de derecho que rige en España", explicó el gobierno.

"No es correcto que el Grupo de Trabajo se atribuya una competencia para el examen de los hechos del pasado que incluyen aquellos que han tenido lugar antes de la propia existencia de las Naciones Unidas", creada tras la II Guerra Mundial.

"Investigar y juzgar unos crímenes cuando sus responsables han muerto o las responsabilidades han prescrito es una pretensión carente de fundamento legal", añadió.

En cuanto a la Ley de Amnistía, España subrayó que "se aprobó con apoyo social y consenso político absoluto, extinguiendo la responsabilidad penal tanto de los opositores de la Dictadura como la de los que la defendieron, manifestando así todos los actores de la transición española su voluntad de reconciliación".

El informe del Grupo "invita al Gobierno de España a que, en un plazo de 90 días a partir de la fecha de presentación de este informe, presente un cronograma en el que indiquen las medidas que se llevarán a cabo para implementar las recomendaciones del Grupo de Trabajo".