"Estamos profundamente preocupados por los esfuerzos del gobierno de Venezuela de intensificar la intimidación contra sus opositores", señaló la Casa Blanca al divulgar la orden ejecutiva.

Las medidas están dirigidas contra siete funcionarios y exfuncionarios de instancias policiales, militares y judiciales, que según Washington participaron de la represión contra las manifestaciones antigubernamentales que dejaron 43 muertos en 2014 en Venezuela, así como en "la persecución de oponentes políticos".

Estas acciones implementan y amplían las sanciones aprobadas por el Congreso estadounidense el año pasado y que el propio mandatario, a pesar de su reticencia inicial, sancionó en diciembre.

En febrero el Departamento de Estado incluyó un número adicional de funcionarios venezolanos susceptibles a la restricción de visas.

Pero a diferencia de las anteriores ocasiones, Obama se colocó al frente de las críticas contra Caracas, expresando de manera contundente la gravedad de la situación venezolana a la vista de la Casa Blanca.

"Yo, Barack Obama, (...) considero que la situación en Venezuela (...) constituye una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y la política externa de Estados Unidos", indica el decreto.

"Por ello declaro una emergencia nacional para enfrentar esa amenaza", añade.

- No afectan el petróleo -

Las medidas autorizan al Departamento del Tesoro a congelar los bienes en Estados Unidos de siete funcionarios y exfuncionarios venezolanos, que además no podrán ingresar a ese país.

Por primera vez desde el inicio de las sanciones, Washington publicó los nombres de los afectados.

La lista incluye al exdirector de operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides; el director del servicio de inteligencia SEBIN, Gustavo González; la fiscal Katherine Haringhton; y el director de la Policía Nacional, Manuel Pérez, entre otros.

"Los funcionares venezolanos, actuales y anteriores, que violan los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos y realizan actos de corrupción no serán bienvenidos aquí, y ahora tenemos herramientas para bloquear sus bienes y su uso del sistema financiero estadounidense", señaló la Casa Blanca.

Según un funcionario estadounidense, las medidas no tendrán ningún "efecto directo" sobre el sector petrolero de Venezuela, primer productor suramericano de crudo y país con las mayores reservas petrolíferas del mundo.

"En términos del impacto que podrán tener en el sector de energía o la industria petrolera, no hay un efecto directo de estas sanciones", dijo el alto funcionario del Departamento del Tesoro, que solicitó el anonimato.

- Venezuela posterga respuesta -

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, omitió en lo inmediato comentar las acciones de Washington, pero anunció que "pronto daremos a conocer la respuesta de Venezuela".

Las medidas se inscriben en el rápido deterioro de las relaciones entre Washington y Caracas, que carecen de embajadores desde 2010 y han protagonizado sonados enfrentamientos diplomáticos desde la llegada al poder del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013).

El mandatario Nicolás Maduro, que propugna el "socialismo del siglo XXI" implementado por Chávez, ha denunciado las sanciones contra los funcionarios venezolanos como un intento de desestabilizar su gobierno.

En particular acusa a Estados Unidos -principal comprador de petróleo venezolano- de involucrarse en supuestas conspiraciones y planes golpistas y magnicidas contra su gobierno.

Maduro anunció el 28 de febrero la reducción del número de diplomáticos estadounidenses de su embajada en Caracas, la exigencia de visas para turistas y la prohibición de ingreso al país de un grupo de líderes políticos y legisladores norteamericanos.

En los últimos días, el alcalde metropolitano de Caracas, el opositor Antonio Ledezma fue detenido y acusado de promover un golpe de Estado.

Al respecto, Washington reiteró este lunes el llamado a Maduro de liberar a Ledezma, así como a los dirigentes opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos, señalando que "los problemas de Venezuela no se resuelven a través de la criminalización del disenso".