Confirmando intenciones anunciadas en enero, el presidente estadounidense describió cómo pretendía acabar con la recolección sistemática por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de los metadatos de las llamadas telefónicas realizadas en Estados Unidos, información como la que se podría encontrar en las facturas de los servicios telefónicos.

Esta idea parece generar consenso en el Congreso también, aunque algunos pretenden ir más allá de la propuesta de Obama.

"Después de haber estudiado con atención las opciones disponibles, he decidido que la mejor manera es que el Estado no recolecte más, ni almacene, esos datos al por mayor", señaló el mandatario en un comunicado. "Los datos deberán permanecer en manos de los operadores telefónicos", precisó.

El gobierno busca así tranquilizar a los ciudadanos que descubrieron en junio pasado el programa de vigilancia telefónica, revelado por el exconsultor de la NSA Edward Snowden, pero también preservar la capacidad de las agencias de inteligencia para detectar eventuales comunicaciones de presuntos terroristas.

El FBI, en alianza con la NSA, deberá justificar su pedido basándose en "sospechas razonables" para obtener un permiso específico e investigar un número (el de un terrorista extranjero, por ejemplo) antes de reclamar a los operadores informaciones sobre este número (números discados, duración, horas).

La NSA podría luego, "durante un tiempo limitado" que no fue detallado, obtener "rápidamente" los metadatos telefónicos.

- Situación de emergencia -

El objetivo es que la NSA pueda seguir sabiendo a quién llama, en Estados Unidos, tal o cual "terrorista" desde el exterior, pero alejando el fantasma de un Estado 'Big Brother', que conservaría en sus propios servidores los datos telefónicos de millones de estadounidenses inocentes.

Está prevista una excepción para casos de urgencia vinculados a la seguridad nacional, que permitiría a las autoridades evitar pasar por un juez. Las modalidades deberán ser precisadas en los próximos meses por el Congreso al que Obama pidió aprobar "lo antes posible" la reforma.

Sin embargo una alta autoridad gubernamental destacó que el Congreso podría inspirarse en las excepciones ya previstas en la ley actual sobre vigilancia electrónica y que imponen que las autoridades notifiquen a un juez, en los "siete días", una interceptación de urgencia. "Esto podría servir como modelo", dijo a periodistas esa fuente.

Mientras el Congreso no resuelva, el gobierno va a pedir a la corte especial (Foreing Intelligence Surveillance Court) prolongar 90 días el programa actual, con modificaciones, que requiere la autorización de un juez.

Los legisladores más contrarios a la NSA pidieron al presidente decretar desde hoy el cese de la recolección de metadatos, pero el presidente no quiere que la NSA se encuentre de golpe sin sistema que lo sustituya.

"Durante años, el ejecutivo afirmó que era esencial tener estas informaciones, que eran indispensables", declaró el senador demócrata Ron Wyden más temprano esta semana. "Decíamos que no lo era. Es hoy una excelente noticia para los derechos constitucionales de los estadounidenses que el gobierno esté de acuerdo con nosotros".

El pedido de la Casa Blanca constituye el arranque de una larga negociación en el Congreso. Una primera audiencia será próximamente convocada sobre este punto en el Senado.