El Procurador General de la República, Hernán Estrada, afirmó que el Estado concluyó las acciones legales que tenía contra las empresas Shell y Melonicsa, luego de que éstas se comprometieran a reparar los daños causados al medioambiente, siendo el primer caso un derrame de diesel filtrado en el acuífero y el segundo un despale ilegal.

Además, entregó la escritura de compraventa de la finca El Porvenir (San Marcos) garantizando los derechos adquiridos a 167 trabajadores que esperaban su título de propiedad desde 1992.

“Éste es un caso emblemático, pues los derechos de propiedad que el Estado tenía sobre la empresa de reforma agraria ‘Mauricio Duarte’, fueron transferidos a Cafenic mediante el decreto 416 de 1988.”

“Posteriormente Cafenic suscribió contrato de arriendo, con opción a compra, sobre 167 manzanas de la finca El Porvenir, a favor de 30 trabajadores de dicha hacienda”, refirió Estrada.

El caso de Shell

El procurador ambiental, José Luis García, explicó que Shell se comprometió con el Estado a reparar el daño ambiental, generado por un derrame de hidrocarburos en la instalación destinada para el almacenamiento en el hotel Camino Real.

“El Estado ha utilizado la vía penal de manera correctiva, a fin de reparar el daño al medioambiente”, señaló García. Además, dijo que “se logró un acuerdo donde se comprometió a reparar el daño en suelo, subsuelo y acuífero subterráneo, a efecto de poder limpiar la contaminación y llevarlo a condiciones de potabilidad.”

El funcionario indicó que el Hotel Camino Real no quiso asumir responsabilidad en cuanto a la reparación del daño, por eso se mantiene programado un juicio oral para marzo.

Melonicsa reforestará

El acuerdo al que llegó la Procuraduría Ambiental con la empresa Melones de Nicaragua, Melonicsa, es que reforestará 40 manzanas de tierra que fueron afectadas con el corte de árboles.

Armando Serrano, Gerente de Melonicsa, dijo que plantarán especies nativas como madero negro, el pochote, el jenízaro y el guanacaste de oreja. Además, participa en coordinación de autoridades municipales en la conservación de 169 hectáreas boscosas de la parte alta de la microcuenca del río Viejo, en El Jicaral, León.

“Esta empresa violentó el Código Penal que establece la prohibición de cortar árboles sin permiso del Instituto Nacional Forestal, y es una conducta tipificada como delito ambiental”, señaló García.