El memorándum, firmado en 2013 por los dos gobiernos, fue duramente resistido por la oposición y los organismos que representan a la colectividad judía de unos 300.000 miembros, la mayor de Latinoamérica, que cuestionó su legitimidad.

"El Gobierno va a apelar el fallo. El intérprete último de la Constitución será la Corte Suprema. El convenio sirve para sacar de la parálisis la causa. No se puede avanzar sin tomar declaración indagatoria a los acusados", dijo en rueda de prensa el ministro de Justicia, Julio Alak.

Teherán no había dado hasta el momento ninguna señal de aceptar la petición de Buenos Aires de que una decena de exgobernantes iraníes sospechosos de ser autores intelectuales del ataque fueran interrogados por un juez en territorio iraní.

La Cámara Federal de Apelaciones "hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA, entidad política comunitaria)", reveló el portal web del poder judicial.

El acuerdo Buenos Aires-Teherán contemplaba que oficiales argentinos de justicia pudiesen interrogar sobre el caso a una decena de imputados iraníes, entre ellos al exministro de Defensa Ahmad Vahidi, el expresidente Alí Rafsanjani (1989-1997) y el exconsejero cultural iraní en Argentina Moshen Rabbani.

"Tenemos confianza en que este instrumento (el memorándum) nos permita indagar a los acusados", agregó Alak.

La cámara también declaró inconstitucional la ley que avaló el acuerdo aprobado por el Congreso sólo con la mayoría oficialista y ordenó al gobierno de la presidenta Cristina Kirchner que "no realice ningún acto de ejecución del citado memorándum" mientras se evalúen eventuales recursos contra la decisión judicial.

Esta medida paralizará de hecho toda acción investigativa basada en el acuerdo bilateral, hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Otra decisión del tribunal fue ordenar que se reiteren los pedidos de extradición de los inculpados y pedir a Interpol que reactive las circulares de detención contra Rafsanjani y otros exfuncionarios iraníes como Alí Akbar Velayati y Hadi Soleimanpour.

Argentina acusa a Irán de haber sido autor intelectual del ataque a la mutual, acusación que Teherán ha rechazado reiteradas veces aunque en el convenio aceptó colaborar con la justicia. La AMIA y la DAIA sostienen que Irán no está dispuesto a colaborar en esta investigación y que intenta evitar el interrogatorio a sus exgobernantes.