Partido de la FARC suspende campaña y exige garantías al Gobierno
DPA (Deutsche Press Agency-Agencia de Prensa Alemana)
Bogotá. - Los insultos y ataques cometidos en los últimos días contra sus candidatos llevaron hoy al partido político creado por la ex guerrilla de las FARC a suspender su campaña para las elecciones de este año y a exigir al Gobierno colombiano medidas de seguridad.
"Se tomó la decisión por falta de garantías para realizar la actividad política en el país", dijo Imelda Daza, aspirante a la vicepresidencia del candidato presidencial de ese partido, Rodrigo Londoño.
La decisión fue tomada por la izquierdista Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) a raíz de los hostigamientos contra algunos de sus candidatos, entre ellos el propio Londoño, quien firmó el acuerdo de paz con el presidente Juan Manuel Santos en noviembre de 2016.
"Se debería judicializar a quienes se reúnen y atentan contra la integridad física de los miembros de la FARC", dijo Daza.
Por su parte, Jorge Torres, que durante su vida como guerrillero usó el alias de "Pablo Catatumbo" y fue uno de los negociadores de las FARC, dijo que la decisión implica una suspensión temporal de la campaña en busca de las garantías que debe brindar el Gobierno y no una cancelación de sus actividades políticas.
Además, Torres dijo que los ataques contra los candidatos de la FARC no han sido espontáneos, sino organizados por sectores que no estuvieron de acuerdo con el proceso de paz, entre ellos el Centro Democrático (CD), el partido opositor de derecha radical que dirige el ex presidente Álvaro Uribe.
"Las provocaciones provienen de sectores muy definidos y hemos visto caras de candidatos del CD envalentonando a la gente. Estamos pensando en una demanda contra quienes están patrocinando estos hechos", dijo Torres.
Quien fuera el jefe de le delegación negociadora de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Luciano Marín, dijo que el senador del CD Ernesto Macías invitó hace poco en una reunión en la que estaba Uribe a "atacar y sabotear" un acto de la FARC en la sureña ciudad de Florencia.
Ese acto, en el que iba a intervenir Marín, candidato al Senado por la FARC, tuvo que ser suspendido por medidas de seguridad.
Además, los ahora dirigentes políticos exigieron al Estado que entregue pronto a la FARC los recursos que aporta el Estado a los partidos para sus campañas.
"Pedimos que nos provean de los recursos económicos a los que tenemos derecho por ley como partido político. El Gobierno no ha desembolsado un peso y nuestra campaña se realiza con las uñas y con la colaboración de la ciudadanía", se quejó Daza.
Londoño sufrió las agresiones la semana pasada en su departamento natal de Quindío (centro-oeste), donde una turba rodeó y dañó su vehículo. Los escoltas del candidato reaccionaron y lo sacaron del lugar, en medio de gritos de "asesino" de parte de la muchedumbre.
En una visita posterior a la ciudad de Cali, Londoño también fue hostigado por personas que le lanzaron insultos.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que las personas pueden expresar su desacuerdo con la FARC, pero no agredir a sus candidatos, al tiempo que la Fiscalía General anunció que analiza si esos hostigamientos pueden ser tipificados como delitos en contra de actividades políticas legales.
"El hecho de tener recuerdos agrios y cicatrices por actos de las FARC en el conflicto no autoriza para ser agresivos en una campaña política que busca conseguir la paz", dijo a su vez el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.
Los colombianos acudirán a las urnas el 11 de marzo y el 27 de mayo en el marco de las elecciones legislativas y presidenciales, respectivamente.
La decisión fue tomada por la izquierdista Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) a raíz de los hostigamientos contra algunos de sus candidatos, entre ellos el propio Londoño, quien firmó el acuerdo de paz con el presidente Juan Manuel Santos en noviembre de 2016.
"Se debería judicializar a quienes se reúnen y atentan contra la integridad física de los miembros de la FARC", dijo Daza.
Por su parte, Jorge Torres, que durante su vida como guerrillero usó el alias de "Pablo Catatumbo" y fue uno de los negociadores de las FARC, dijo que la decisión implica una suspensión temporal de la campaña en busca de las garantías que debe brindar el Gobierno y no una cancelación de sus actividades políticas.
Además, Torres dijo que los ataques contra los candidatos de la FARC no han sido espontáneos, sino organizados por sectores que no estuvieron de acuerdo con el proceso de paz, entre ellos el Centro Democrático (CD), el partido opositor de derecha radical que dirige el ex presidente Álvaro Uribe.
"Las provocaciones provienen de sectores muy definidos y hemos visto caras de candidatos del CD envalentonando a la gente. Estamos pensando en una demanda contra quienes están patrocinando estos hechos", dijo Torres.
Quien fuera el jefe de le delegación negociadora de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Luciano Marín, dijo que el senador del CD Ernesto Macías invitó hace poco en una reunión en la que estaba Uribe a "atacar y sabotear" un acto de la FARC en la sureña ciudad de Florencia.
Ese acto, en el que iba a intervenir Marín, candidato al Senado por la FARC, tuvo que ser suspendido por medidas de seguridad.
Además, los ahora dirigentes políticos exigieron al Estado que entregue pronto a la FARC los recursos que aporta el Estado a los partidos para sus campañas.
"Pedimos que nos provean de los recursos económicos a los que tenemos derecho por ley como partido político. El Gobierno no ha desembolsado un peso y nuestra campaña se realiza con las uñas y con la colaboración de la ciudadanía", se quejó Daza.
Londoño sufrió las agresiones la semana pasada en su departamento natal de Quindío (centro-oeste), donde una turba rodeó y dañó su vehículo. Los escoltas del candidato reaccionaron y lo sacaron del lugar, en medio de gritos de "asesino" de parte de la muchedumbre.
En una visita posterior a la ciudad de Cali, Londoño también fue hostigado por personas que le lanzaron insultos.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que las personas pueden expresar su desacuerdo con la FARC, pero no agredir a sus candidatos, al tiempo que la Fiscalía General anunció que analiza si esos hostigamientos pueden ser tipificados como delitos en contra de actividades políticas legales.
"El hecho de tener recuerdos agrios y cicatrices por actos de las FARC en el conflicto no autoriza para ser agresivos en una campaña política que busca conseguir la paz", dijo a su vez el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.
Los colombianos acudirán a las urnas el 11 de marzo y el 27 de mayo en el marco de las elecciones legislativas y presidenciales, respectivamente.