"Exigimos que se cumpla la sentencia ya, queremos vivir tranquilos y que nuestros hijos no se sigan contaminando con el mercurio que dejan los mineros", dijo Sergio Perea Ponce, presidente de la comunidad, durante una conferencia de prensa en Lima.

El reclamo está dirigido al Tribunal Constitucional -órgano supremo de control de la Constitución-, que reconoció en 2012 -en un fallo inédito -que la comunidad tiene derecho a administrar su territorio. Sin embargo, los jueces locales no han hecho cumplir la disposición.

Los problemas comenzaron en 2010, cuando la comunidad de 400 nativos shipibos y ese'ejja en la región de Madre de Dios (sudeste) fue invadida por mineros informales que contaminaron el río Madre de Dios con mercurio, un producto que utilizan para amalgamar el oro, y por taladores ilegales que deforestaron 10.000 de las 31.000 hectáreas en que viven los indígenas.

Según estudios de la Universidad de Stanford citados por los nativos, "el promedio del nivel de mercurio en el cabello de los miembros de la comunidad Tres Islas es de 6ppm (partícula por millón), cuando el límite máximo permitido es de 1ppm".

Si se cumpliera con la sentencia, ninguna persona ajena a la comunidad podrá ingresar a la zona sin autorización de los comuneros.

Además, "la jueza de ejecución deberá ordenar pagar costos y costas del daño ya causado, y la reparación de los daños ambientales", señaló Raquel Yrigoyen, abogada del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, representante de los nativos.

"Si esto no se resuelve, iremos a la Corte Internacional de Derechos Humanos (...) Somos peruanos, pero habrá que ir afuera para que se cumpla con la protección de nuestro pueblo indígena", indicó Brenda Chapiama, expresidenta de Tres Islas.

La minería informal ha devastado 55.000 hectáreas de bosques en esa zona de Perú, que es uno de los mayores productores mundiales de oro.

Los taladores ilegales deforestan un promedio de 113 mil hectáreas de bosques amazónicos al año.