Alberto Ruiz-Gallardón

La portavoz del ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó este viernes que la ley está en preparación y será presentada "en el próximo periodo de sesiones" del Parlamento, donde su partido dispone de mayoría absoluta.

Esta nueva regulación debe reemplazar a otra aprobada en 2010 por iniciativa del precedente gobierno socialista para ampliar una primera ley adoptada en 1985 tras el retorno de la democracia al país tras 36 años de dictadura franquista.

La actual legislación autoriza el aborto libre en las primeras 14 semanas de embarazo, hasta las 22 semanas en caso de "riesgo para la vida y la salud" de la madre o "graves malformaciones del feto" y sin límite de tiempo, tras la autorización de un comité médico, en caso de "enfermedad extremadamente grave e incurable del feto".

Ahora, el gobierno de Rajoy quiere suprimir este sistema de plazos para volver a un sistema de casos similar al de 1985 -que sólo permitía abortar en caso de violación, malformación del feto o peligro para la salud de la madre-, explicó Saénz de Santamaría sin precisar cuáles serían los nuevos casos.

Pero, dando un anticipo, Ruiz-Gallardón había asegurado el domingo que la munisvalía y las malformaciones no figurarían entre ellos.

"No entiendo que se desproteja al concebido, permitiendo el aborto, por el hecho de que tenga algún tipo de minusvalía o de malformación", afirmó en una entrevista publicada por el diario conservador La Razón.

"Yo creo que el mismo nivel de protección que se da a un concebido sin ningún tipo de minusvalía o malformación debe darse a aquel del que se constate que carece de algunas de las capacidades que tienen el resto de los concebidos", agregó.

Estas declaraciones provocaron múltiples reacciones de indignación, por parte de médicos, de asociaciones de mujeres y defensores de los derechos humanos, que denuncian un retorno atrás.

"La reforma lleva a la legislación a fechas cercanas a la dictadura franquista y aleja España de la mayor parte de Europa en cuanto a derechos reconocidos a las mujeres", escribió un colectivo de asociaciones que convocó una manifestación para el domingo en Madrid.

"No creo que ninguna sociedad tenga el derecho, y menos pudiendo evitarlo, de cargar a ningún ser humano con sufrimientos más allá de lo imaginable", lanzó el neurocirujano infantil Javier Esparza en una carta abierta dirigida a Ruiz-Gallardón publicada por El País.

Parálisis de ambas piernas, incontinencia de orina y heces, impotencia sexual, hidrocefalia, deficiencia mental: el médico enumeraba las consecuencias de malformaciones infantiles como la espina bífida abierta.

"Quiero suponer, pues no puedo entenderlo de otra manera, que la intención del ministro (...) es producto del desconocimiento de esta realidad y de estas enfermedades", agregó.

"Nadie, hasta que ha vivido esto, sabe lo que se sufre. Es inconcebible que Gallardón pretenda forzar a las personas a pasar por este dolor", se lamentaba en el mismo rotativo Gloria Muñoz, una madre española cuya hija murió a los siete meses por una atrofia muscular espinal.

Si en un futuro embarazo se volviese a detectar esta malformación, de la que ella y su esposo son portadores, "me iría a abortar fuera, a Londres, si hace falta", afirmaba.

Sin embargo, la asociación Foro de la Familia agradeció a Ruiz-Gallardón haber abierto con "honestidad intelectual y política un debate serio sobre el derecho a la vida y el aborto en España".

Y el colectivo Derecho a Vivir pidió que el gobierno de Rajoy vaya hasta el final suprimiendo completamente el aborto.