"Me hago responsable de todo. No rehuyo ninguna de mis responsabilidades", dijo en una comparecencia después de declarar ante el Tribunal Superior de Justicia regional, donde acudió acompañado por su ejecutivo, parlamentarios nacionalistas y más de 400 alcaldes de la región.
Durante su declaración, que empezó a las 10H00 (08H00 GMT) y duró más de una hora, el presidente se escudó en "la libertad ideológica y la libertad de expresión" por haber impulsado esa consulta sin valor legal el 9 de noviembre de 2014, de cuya ejecución se encargaron voluntarios y no funcionarios públicos.
El tribunal "deberá juzgar si actuar como un demócrata equivale a actuar como un delincuente", dijo Mas, esperando el archivo de la causa porque "por dar la voz a la gente (...) debería comparecer ante un parlamento pero nunca ante un tribunal".
"Nos enfrentamos a un Estado que está actuando de una manera muy dura, muy áspera y en algunos casos muy sórdida". "Pero yo confío en el criterio de la gente que debe impartir justicia", aseguró.
En frente del juzgado, había unos 3.000 militantes que recibieron a Mas como un héroe cuando salió del edificio saludando con cuatro dedos de su mano derecha, símbolo de las cuatro franjas rojas de la bandera catalana, y cantó junto a su amplia comitiva el himno regional.
"¡Todos somos Mas!" o "¡Esto no es justicia, es inquisición!", gritaban sus simpatizantes, cuyas movilizaciones fueron criticadas por el poder judicial como "un ataque directo y sin paliativos" contra la independencia de la Justicia.
Casualidad del calendario, la jornada coincidió con el 75º aniversario del fusilamiento por parte de la dictadura de Francisco Franco del presidente catalán Lluís Companys, quién en 1934 había llegado a declarar un efímero Estado catalán, de pocas horas.
El propio Mas, acompañado por la alcaldesa de Barcelona, la "indignada" Ada Colau, acudió temprano al castillo de Montjuic en Barcelona para depositar unos ramos de flores donde su antecesor fue ejecutado en 1940. De madrugada, unos 300 independentistas habían celebrado una marcha de antorchas en su homenaje.
 

- Peligro de inhabilitación -

 
Mas es objeto de una querella por desobediencia, malversación, usurpación de funciones y prevaricación en la organización de esa votación sobre la independencia de esta rica región de 7,5 millones de habitantes.
De ser finalmente condenado, el líder independentista podría ser inhabilitado. "Tenemos el deber de ignorar cualquier decisión en este sentido", advirtió el coordinador de su partido (CDC), Josep Rull. Para Mas, acatarla dependerá de la "situación jurídica de Cataluña", que él y sus aliados quieren separar de España en 2017.
La investigación también concierne a su exvicepresidenta Joana Ortega y la responsable de Educación del ejecutivo regional, Irene Rigau, que declararon el martes.
Aquella consulta pretendió reemplazar al referéndum férreamente rechazado por el gobierno conservador español de Mariano Rajoy, pero fue prohibida por el Tribunal Constitucional, que consideró que el ejecutivo regional no podía organizar una votación sobre una cuestión de repercusiones nacionales.
Unos 2,3 millones de personas habían participado en la consulta y un 80% apoyó la independencia.
 

- Llamadas a la desobediencia -

 
Estas comparecencias se producen mientras la coalición Junts pel Sí (Juntos por el Sí), impulsada por Mas y vencedora de las elecciones del 27 de septiembre, negocia con la izquierda radical CUP para formar un gobierno regional de corte separatista.
Juntos suman 72 de los 135 escaños del parlamento regional (62 y 10 respectivamente) y aunque no obtuvieron la mayoría de los sufragios (47,8%) se consideran legitimados para lanzar un proceso para declarar la independencia en 2017 como muy tarde.
La CUP reclama a Junts pel Sí no investir a Mas como presidente, demasiado liberal para ellos, y dar pasos claros hacia la secesión como desobedecer al Tribunal Constitucional, al que consideran manejado por el ejecutivo conservador español.
Desde Madrid, a dos meses de unas elecciones legislativas cruciales, el gobierno de Rajoy rechaza cualquier concesión hacia la región, a diferencia de otros grandes partidos españoles, e insiste en que velará por el respeto de la ley.