"Hemos cerrado la vía indefinidamente hasta que algún funcionario del Gobierno nos atienda", declaró el presidente de la comarca indígena Ngöbe-Buglé, Pedro Rodríguez.
Los indígenas cortaron la vía Interamericana, a la altura de San Félix, para exigir al gobierno del derechista Ricardo Martinelli que derogue las reformas al código minero aprobadas la semana anterior.
Los manifestantes alegan que las enmiendas son contrarias al medio ambiente y favorece a las compañías extranjeras, mientras el gobierno las defiende aduciendo que incentivarán la inversión de empresas de Corea del Sur, Singapur y Canadá.
A lo largo de dos kilómetros, más de 3.000 indígenas obstruyeron el paso a los vehículos, mientras otros prendieron fuego a las tierras que colindan con la carretera.
Monigotes con la cara de Martinelli y banderas de su partido también fueron pasto de las llamas, sin que hasta el momento haya intervenido la Policía.
El gobierno había anunciado este martes que la Policía no intervendría siempre que la manifestación fuera pacífica.
"Los hermanos Ngöbe-Buglé son los únicos responsables de lo que va a ocurrir hoy" dijo el ministro de Comercio e Industria, Roberto Henríquez, al canal Telemetro.
Por su parte, el dirigente indígena Rogelio Montezuma dijo que espera entregarle al gobierno un documento de cuatro puntos, pero se abstuvo de divulgar su contenido.
En la protesta participan indígenas procedentes de Hato Chamín, Orconcito, Chorcha, Cerro Colorado, San Juan o Juay, ubicados en la comarca indígena Ngöbe-Buglé.
Muchos llegaron tras días de caminata desde las zonas montañosas de difícil acceso donde habitan, o desde otras provincias como Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica por el Atlántico.
Entre los manifestantes están mujeres con su tradicional Nagüa (camisón de colores con aplicaciones geométricas), hombres con su rostro pintado y autoridades indígenas con sombreros adornados con plumas.
El presidente Martinelli sancionó la semana pasada la ley de reformas al código minero, de 1963, con las cuales busca incentivar la inversión extranjera, atrayendo, en especial, a empresas de Corea del Sur, Singapur y Canadá, interesadas en el negocio minero panameño.
Pero los indígenas, estudiantes y ecologistas rechazan la reforma por considerar que atenta contra el medio ambiente y entrega a compañías extranjeras la riqueza del país.