Protestas frente al Tribunal Supremo de Polonia por reforma justicia
DPA (Deutsche Press Agency-Agencia de Prensa Alemana)
Varsovia/Estrasburgo.- Cientos de personas se volvieron a concentrar hoy frente al Tribunal Supremo de Polonia en Varsovia, donde hoy la presidenta de la corte, Malgorzata Gersdorf, acudió a su puesto de trabajo ignorando la nueva ley por la que ha quedado prejubilada.
"No toquen los tribunales", gritaban fuera de la corte los manifestantes, que la policía estimó en unos 1.500.
A su llegada al tribunal, Gersdorf, de 65 años, fue aplaudida por desafiar la nueva legislación, que fue activada el martes y que la obliga a retirarse anticipadamente. La magistrada dijo a los manifestantes que acudía a su puesto de trabajo para defender el Estado de derecho.
Gersdorf aseguró que su mandato se ampara en la Constitución y que ninguna reforma del partido gobernante, el ultraconservador Ley y Justicia (PiS), puede cambiar eso. Lo que ellos están intentando es lo que de hecho infringe la ley, aseguró.
Según la oficina del jefe de Estado, quien tiene que asumir ahora como presidente interino de la corte es Jozef Iwulski, el juez que más tiempo lleva en el Tribunal Surpremo.
Sin embargo, en una rueda de prensa conjunta de Gersdorf e Iwulski, se informó que la magistrada seguirá al frente de la corte. Iwulski dijo que sólo la sustituirá en caso de ausencia, algo que le ordenó la presidencia del tribunal y no el jefe de Estado, dijo.
Gersdorf anunció asimismo que en breve se irá de vacaciones, aunque no dio las fechas de su ausencia.
El pasado mes de abril, el PiS aprobó una ley que estipula la jubilación antipada y obligatoria a los 65 años en lugar de a los 70 de los magistrados que conforman el máximo tribunal del país.
Los que quieren seguir ejerciendo tienen que presentar una solicitud al presidente Andrzej Duda. La ley afecta a 27 de los 72 jueces, entre ellos Gersdorf. En total, 16 de ellos han solicitado seguir en sus puestos, pero por el momento no está claro si se les permitirá. Gersdorf y otros 10 no lo solicitaron.
Los críticos aseguran que la ley ha sido diseñada de forma que el PiS pueda deshacerse de los jueces más incómodos.
La Comisión Europea abrió el lunes un expediente sancionador contra Polonia por su reforma judicial. Bruselas considera que los cambios socavan principios básicos de la UE y amenaza el Estado de derecho.
El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, defendió hoy las reformas ante los eurodiputados reunidos en Estrasburgo y señaló que los países tienen el "derecho" a crear su propio sistema legal.
Pidió respeto a las identidades nacionales y aseguró que "cada país tiene derecho a establecer su sistema legal en consonancia con sus propias tradiciones".
Varsovia mantiene unas tensas relaciones con Bruselas por las reformas judiciales emprendidas por el gobierno nacionalista y ultraconservador PiS.
Tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Europea han manifestado su preocupación por estas reformas que dejan un espacio a una influencia excesiva de la política en la Justicia.
El expediente sancionador abierto por la Comisión Europea, que podría derivar en una sanción si el caso llega al Tribunal de Justicia Europeo, se suma a la advertencia formal que se lanzó en diciembre pasado en un proceso sin precedentes.
En la sesión de la Eurocámara de hoy, varios diputados mostraron pancartas en las que se leía: "Estado de Derecho".
A su llegada al tribunal, Gersdorf, de 65 años, fue aplaudida por desafiar la nueva legislación, que fue activada el martes y que la obliga a retirarse anticipadamente. La magistrada dijo a los manifestantes que acudía a su puesto de trabajo para defender el Estado de derecho.
Gersdorf aseguró que su mandato se ampara en la Constitución y que ninguna reforma del partido gobernante, el ultraconservador Ley y Justicia (PiS), puede cambiar eso. Lo que ellos están intentando es lo que de hecho infringe la ley, aseguró.
Según la oficina del jefe de Estado, quien tiene que asumir ahora como presidente interino de la corte es Jozef Iwulski, el juez que más tiempo lleva en el Tribunal Surpremo.
Sin embargo, en una rueda de prensa conjunta de Gersdorf e Iwulski, se informó que la magistrada seguirá al frente de la corte. Iwulski dijo que sólo la sustituirá en caso de ausencia, algo que le ordenó la presidencia del tribunal y no el jefe de Estado, dijo.
Gersdorf anunció asimismo que en breve se irá de vacaciones, aunque no dio las fechas de su ausencia.
El pasado mes de abril, el PiS aprobó una ley que estipula la jubilación antipada y obligatoria a los 65 años en lugar de a los 70 de los magistrados que conforman el máximo tribunal del país.
Los que quieren seguir ejerciendo tienen que presentar una solicitud al presidente Andrzej Duda. La ley afecta a 27 de los 72 jueces, entre ellos Gersdorf. En total, 16 de ellos han solicitado seguir en sus puestos, pero por el momento no está claro si se les permitirá. Gersdorf y otros 10 no lo solicitaron.
Los críticos aseguran que la ley ha sido diseñada de forma que el PiS pueda deshacerse de los jueces más incómodos.
La Comisión Europea abrió el lunes un expediente sancionador contra Polonia por su reforma judicial. Bruselas considera que los cambios socavan principios básicos de la UE y amenaza el Estado de derecho.
El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, defendió hoy las reformas ante los eurodiputados reunidos en Estrasburgo y señaló que los países tienen el "derecho" a crear su propio sistema legal.
Pidió respeto a las identidades nacionales y aseguró que "cada país tiene derecho a establecer su sistema legal en consonancia con sus propias tradiciones".
Varsovia mantiene unas tensas relaciones con Bruselas por las reformas judiciales emprendidas por el gobierno nacionalista y ultraconservador PiS.
Tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Europea han manifestado su preocupación por estas reformas que dejan un espacio a una influencia excesiva de la política en la Justicia.
El expediente sancionador abierto por la Comisión Europea, que podría derivar en una sanción si el caso llega al Tribunal de Justicia Europeo, se suma a la advertencia formal que se lanzó en diciembre pasado en un proceso sin precedentes.
En la sesión de la Eurocámara de hoy, varios diputados mostraron pancartas en las que se leía: "Estado de Derecho".