Puerto Rico:Legislatura rechaza reducir jornada de empleados públicos

DPA (Deutsche Press Agency-Agencia de Prensa Alemana)

San Juan.- La Asamblea Legislativa de Puerto Rico se unió hoy al gobernador de la isla en el rechazo a la propuesta de reducción de la jornada laboral de los empleados públicos que ordenó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) nombrada por el gobierno de Estados Unidos.

El rechazo está contenido en una resolución aprobada hoy por el Senado y que sería aprobada más tarde en la noche por la Cámara de Representantes.

“La Asamblea Legislativa de Puerto Rico expresa el más absoluto y enérgico rechazo a la reducción de jornada que la JSF pretende imponer, y manifiesta el total apoyo a la decisión del gobernador de no acatar la misma por ser innecesaria, irrazonable y nefasta para la economía de Puerto Rico", dice la resolución.
La junta emitió la orden de reducción de un 10 por ciento de la jornada de trabajo de los empleados del gobierno, con excepción de los policías, tras concluir que el gobierno no había evidenciado los recursos para cumplir con el Plan Fiscal que aprobó el organismo.
La reducción de jornada se levantaría cuando se evidencie ese ahorro, estimado en 218 millones de dólares.
El gobierno rechaza esa interpretación y asegura que está cumpliendo con el Plan Fiscal.
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares rechazó la orden de la junta y ordenó a los jefes de agencia que no la acaten.
Roselló afirmó estar dispuesto a llegar a “las últimas consecuencias” para enfrentar la determinación, incluyendo ir a la cárcel si el organismo que controla las finanzas de la isla opta por llevar el asunto a los tribunales.
Este es el primer confrontamiento entre el gobierno de Puerto Rico y la mencionada junta, por lo que resulta imprevisto el resultado del mismo.
En una misiva, el presidente de la junta, José Carrión, instó al gobernador a cumplir con la orden, pero no adelantó qué acciones tomaría si éste no lo hace.
La JSF fue designada por el entonces presidente Barack Obama, luego de que el Congreso aprobara una legislación para atender la crisis fiscal de la isla.
Dicha crisis se manifiesta en una deuda pública cercana a los 70.000 millones de dólares, la quiebra de los sistemas de retiro del gobierno y la recurrencia de déficits presupuestarios a lo largo de la década pasada.


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