Rechazo a decisión de la Unión Europea
La Hora, Ecuador
El Gobierno expresó ayer su rechazo a la inminente aprobación de la Unión Europea (UE) de la denominada Directiva Empresarial, que sanciona a los empleadores que contraten inmigrantes en situación irregular.
La Cancillería y la Secretaría Nacional del Migrante, consideran más peligrosa que la denominada Directiva Retorno, pues busca cerrar completamente las puertas de empleo a los migrantes irregulares, a fin de que no tengan más salida que regresar a sus países de origen.
Por ello, y ante la inminencia de una aprobación en el Parlamento Europeo de esta Propuesta de Directiva, el canciller Fander Falconí ha instruido a los representantes diplomáticos de Ecuador en los países miembros de la UE, que reiteren el repudio y la profunda preocupación del Ecuador ante esta nueva medida.
El funcionario considera que se trata de “perfeccionar” una política de expulsión iniciada a través de la Directiva Retorno, y que, al privilegiar los conceptos de seguridad, control fronterizo, represión y migración selectiva, aleja a Europa de ideales como la solidaridad, así como de los derechos humanos y la búsqueda del desarrollo.
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Presión
La Cancillería en un comunicado considera que esa normativa como "más peligrosa que la denominada Directiva Retorno, pues busca cerrar completamente las puertas de empleo a los inmigrantes irregulares, a fin de que no tengan más salida que regresar a sus países de origen".
Ante esa situación, agrega que el Gobierno "considera que en el actual escenario de crisis económico-financiera internacional esta Directiva pondrá en mayor estado de vulnerabilidad a los compatriotas que no tienen papeles" y residen en Europa.
Agrega que, "evidentemente, si algún empleador se arriesga a contratar inmigrantes en situación irregular y a enfrentar eventuales sanciones, lo hará precarizando, aun más, las condiciones de trabajo" de esas personas.
Puntualizaciones
Comunicado de la Cancillería
Ecuador combate por todos los medios a su alcance la trata y el tráfico de personas, y busca evitar, al mismo tiempo, que los compatriotas migrantes irregulares sean víctimas de explotación laboral.
No se descarta que una delegación ecuatoriana y regional extienda su posición ante el Parlamento Europeo sobre esta decisión.