"Para España estas relaciones son estratégicas, es decir, importantísimas, y lo van a seguir siendo. En los últimos años hemos hecho un esfuerzo, no sólo nosotros sino también el Reino de Marruecos, por lo tanto tenemos una base de confianza", afirmó Rubalcaba en conferencia de prensa.
Sus declaraciones siguen a las del ministro marroquí de Comunicación y portavoz del gobierno, Jalid Naciri, que el jueves manifestó que Marruecos considera que "el momento actual necesita una reevaluación global de las relaciones con España, en todos los campos".
Naciri hizo este anuncio después que el Parlamento español aprobó una moción en la que pide al gobierno socialista español "condenar los incidentes violentos del 8 de noviembre" durante el desmantelamiento de un campamento de saharauis en el Sáhara Occidental, antigua colonia española anexada por Marruecos.
Los diputados también pidieron al gobierno "expresar a las autoridades marroquíes su preocupación ante las informaciones de violaciones de derechos humanos en el territorio saharaui".
El ejecutivo español ya dijo el jueves en un comunicado que "mantiene todos los canales de comunicación abiertos con el gobierno de Marruecos para la gestión de los diversos asuntos de interés común" y su "voluntad de mantener las mejores relaciones posibles con el gobierno marroquí, desde el respeto a las instituciones de cada país".
El desmantelamiento del campamento Gdim Izik, a las afueras de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, donde se habían instalado unos 15.000 saharauis para protestar contra sus condiciones de vida, se saldó según Rabat con 13 muertos, 11 de ellos de las fuerzas del orden marroquíes.
El saharaui Frente Polisario, por su parte, denunció "decenas de fallecidos".
El Sáhara Occidental fue anexionado por Marruecos en 1975, y el saharaui Frente Polisario, apoyado por Argelia, reclama la independencia del territorio.
Rabat por su parte rechaza la independencia y propone una amplia autonomía bajo soberanía marroquí, en un conflicto de décadas en el que media la ONU.
Marruecos ha rechazado que la ONU investigue el desmantelamiento del campamento y que la misión de la ONU en el Sáhara, la MINURSO, tenga competencias en materia de derechos humanos.