El texto, que para entrar en vigor debe ser aprobado ahora por la cámara alta y ratificado por el presidente, prevé una restitución en efectivo del 56% de los bienes confiscados, que representan en total 75.000 coronas (2.950 millones de euros).
El Estado se compromete además a pagar a 17 Iglesias reconocidas legalmente en el país una compensación financiera de 59.000 millones de coronas (2.300 millones de euros, 1.883 millones de dólares ), escalonada en 30 años y revalorizada en función de la inflación.
Al mismo tiempo, el texto modifica el actual sistema de subvención pública, con una reducción progresiva de financiaciones de un 5% anual, hasta la autofinanciación de las Iglesias tras un periodo transitorio de 17 años.