Entre los republicanos españoles que se instalaron en Francia huyendo del franquismo, cada vez más escasos, así como entre sus descendientes, la suspensión del emblemático juez se vive como un ultraje.
El pasado 14 de mayo, el Consejo General del Poder Judicial español (CGPJ) suspendió al juez Baltasar Garzón de sus funciones como juez de la Audiencia Nacional.
La suspensión fue pronunciada después de que el Tribunal Supremo lo inculpara por un presunto delito de prevaricación, por haber investigado brevemente en 2008 la suerte de unos 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil (1936-39) y los primeros años de la dictadura franquista (1939-1975), delitos amnistiados por una ley de 1977.
Francisco Folch, que sirvió en la artillería antiaérea republicana, peleó bajo las bombas del bando "nacional" de Franco, perdió la batalla decisiva del Ebro y huyó de España "el último día posible".
Luego, en su exilio en Francia, este ardiente republicano adicto a la causa desde los 15 años vio con decepción cómo el mundo se desentendía del combate contra los franquistas, apoyados durante la Guerra Civil por la Alemania nazi y la Italia de Mussolini.
Folch dice haber ido "allí donde los acontecimientos (lo) llevaron": a los "campos de concentración" instalados en el sureste de Francia, junto a la frontera, para los republicanos españoles que huyeron de las tropas franquistas desde Cataluña, a la industria aeronáutica de Toulouse, a la clandestinidad y a los brazos de muchachas francesas.
"Estoy vivo de pura casualidad", asegura.
Pese a todo lo visto, la suspensión de Garzón "supera todo entendimiento", dice Folch sobre este asunto, que acapara las conversaciones de los supervivientes de la Guerra Civil instalados en Toulouse (sur de Francia).
"¿De qué quiere usted que hablemos? Es nuestra juventud, es el fin de nuestra existencia, y no nos queda mucho tiempo para seguir hablando de ello", cuenta.
"Desde el exilio, no se entiende. Nos preguntamos cómo es posible, porque teníamos de España la imagen de una democracia", abunda Jean Ortiz, profesor universitario de Pau e hijo de un combatiente republicano, "que murió hace unos meses despotricando contra la no intervención (extranjera a favor de la Segunda República española), más rojo que nunca".
Ortiz ha lanzado en Francia un llamamiento de apoyo a Garzón, y se ha visto "superado" por el movimiento de simpatía. De hecho, se han presentado diversas peticiones a los cónsules españoles de la región francesa del Midi (sur), y este jueves está prevista en Toulouse una manifestación de apoyo al juez.
"Los españoles de Francia no están contentos", insiste Gilbert Susagna.
Susagna tenía menos de cinco años cuando atravesó los Pirineos con su madre en la primavera de 1940, para reunirse en Francia con su padre, comisario político en el ejército republicano, que huyó en febrero de 1939.
"España es prácticamente el único país europeo que no ha hecho examen de conciencia. España no se engrandece suspendiendo al juez Garzón", dice Susagna.
Muchos de los supervivientes de la Retirada republicana y sus hijos admiten que Garzón ha infringido la ley de amnistía general de 1977, y que investigar los crímenes del franquismo es un riesgo.
Sin embargo, se indignan de que la suspensión se haya pronunciado habiendo un gobierno socialista, y por instigación de tres organizaciones de extrema derecha, Manos Limpias, Falange Española y de las JONS y Libertad e Identidad.
También son sensibles al argumento de que la amnistía era "sin duda necesaria" para hacer triunfar la transición democrática. Pero como dice Gilbert Susagna, la "amnistía es una cosa, pero la prescripción de los crímenes contra la humanidad es otra".