Santos dijo que la ley que aprobó el Congreso contempla beneficios penales para los miembros de esas organizaciones, como la rebaja de hasta la mitad de las sentencias.
Santos, cuyo periodo concluye el próximo 7 de agosto, dijo que la ley tendrá beneficios para la seguridad y anticipó que "va a tener una consecuencia muy importante para el país en los próximos días", en referencia a una probable entrega masiva de miembros del Clan del Golfo.
El máximo líder de ese grupo, Dairo Úsuga, alias "Otoniel", una de las personas más buscadas por las autoridades colombianas, dijo en septiembre del año pasado que los integrantes de esa banda estaban dispuestos a entregarse.
El gobernante le respondió entonces que dicho procedimiento se limitaría a un sometimiento voluntario, sin que hubiese de por medio una negociación como la que ha ocurrido en el caso de grupos guerrilleros a los que se les reconocen motivaciones políticas.
"Vamos a iniciar este proceso en forma coordinada Gobierno y Fiscalía, para recibir a los miembros de esta organización, someterlos a la justicia, y creo que es un paso muy importante para la tranquilidad y seguridad del país", dijo el presidente.
"Hemos tenido conversaciones con abogados que representan a este grupo del crimen organizado del Clan del Golfo para su sometimiento. Y lo que nos han dicho es que apenas esta ley se sancione se iniciará el proceso", agregó Santos, tras indicar que el vicepresidente Óscar Naranjo ha estado al frente de los contactos.
Santos dijo que la ley que entró en vigencia le permitirá a los jueces aplicar del derecho penal de forma colectiva a los miembros de grupos que se entreguen a las autoridades.
"Su principal objetivo es garantizar la terminación del actuar delictivo de las organizaciones criminales a través de dos estrategias: fortalecer las normas y mecanismos para enfrentar más efectivamente la delincuencia organizada y, en segundo lugar, fijar un procedimiento especial para que grupos armados organizados, como grupo, se sometan a la justicia", dijo Santos.
Sin embargo, el presidente colombiano sostuvo que las autoridades seguirán combatiendo a las organizaciones criminales y que no se detendrán los eventuales procesos de extradición de miembros de esos grupos que se sometan a la Justicia.
Por su parte, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dijo en el acto de la sanción de la ley que ahora le corresponderá al Consejo de Seguridad Nacional definir cuáles son los grupos armados organizados para que sus integrantes puedan acogerse a la ley.
Martínez indicó que los grupos armados organizados que pueden acogerse a la nueva ley tienen entre 5.000 y 6.000 integrantes.