"Si la mayoría de votos emitidos son favorables a crear la República catalana, obviamente e inmediatamente se tendrá que declarar la independencia", afirmó la diputada Gabriela Serra, del pequeño partido de extrema izquierda CUP, al presentar la ley que servirá para organizar la consulta.

Esta declaración será efectuada por el parlamento regional de Cataluña, con mayoría independentista, en los dos días siguientes a la publicación de los resultados, establece la proposición de ley presentada en una sala del Parlamento catalán.

El texto "establece un régimen jurídico excepcional" que conlleva "la prevalencia de esta ley respecto al resto de normas", explicaron los diputados de la coalición de gobierno Junts pel Sí, Jordi Orobitg y Lluís Corominas.

Esas posiciones se apartan de lo que dicta la Constitución Española, que consagra la unidad nacional de España, y las resoluciones del Tribunal Constitucional, que hasta ahora ha suspendido todos los pasos encaminados a la secesión de esta región nororiental.

"Es un golpe de estado con forma y apariencias democráticas", criticó Xavier García Albiol, líder en Cataluña del partido conservador del jefe de gobierno español Mariano Rajoy.

Su ejecutivo considera que las decisiones sobre la unidad de España deben tomarlas el conjunto de los españoles y repite incesantemente que esta votación no tendrá lugar.

El texto confirma la fecha y la pregunta de la votación previamente anunciadas por el presidente catalán Carles Puigdemont: "¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?".

A ella están llamados los mayores de 18 años con derecho a voto residentes en Cataluña así como los catalanes residentes en el extranjero.

- Referéndum: segundo intento -

En 2014, su predecesor Artur Mas ya intentó celebrar una especie de referéndum que no fuera vinculante pero, presionado judicialmente, se tuvo que conformar con una consulta simbólica que además le conllevó una condena por desobediencia.

Un año después, se convocaron elecciones regionales y los independentistas obtuvieron un 47,8% de los votos y la mayoría parlamentaria que, en su opinión, les dio carta blanca para avanzar hacia la secesión.

En un primer momento, el plan contemplaba declarar la independencia en 18 meses pero finalmente Puigdemont decidió celebrar un referéndum antes de proclamar la secesión.

Pero la viabilidad de esta votación está en duda por la vigilancia judicial, que investiga a varios líderes independentistas, la oposición de Rajoy que incluso se plantea retirar competencias a la región y los problemas logísticos del gobierno catalán, sin censo, ni autoridad electoral independiente ni siquiera urnas.

En la víspera, el ministro regional de Empresa, Jordi Baiget, reconoció en una entrevista que era probable que no se pudiera celebrar el referéndum. Horas después era relevado de su cargo por Puigdemont.

- "Objeto político soberano" -

La ley declara en su segundo artículo que "el pueblo de Cataluña es un objeto político soberano".

Los diputados independentistas defendieron que organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o la Corte Internacional de Justicia, autoridades reconocidas por la ley española, garantizan el ejercicio del derecho a la autodeterminación.

"La doctrina internacional solo pone un límite al derecho de autodeterminacion y es un límite que nosotros respetaremos a toda costa (...) el uso de la fuerza", dijo la diputada independentista Marta Rovira.

El texto también prevé la creación de una autoridad electoral independiente que organice y supervise el escrutinio, apruebe el censo electoral que debe crear el gobierno regional y autorice la presencia de observadores internacionales.

La proposición de ley todavía no se ha introducido en el parlamento para ser debatida pero debería ser aprobada a finales del mes de agosto.

Tras años de pulso entre Barcelona y Madrid, la sociedad catalana se muestra dividida en torno a la secesión: un 48,5% de los catalanes están en contra y un 44,3% a favor, según el último sondeo gubernamental.

Pero una amplia mayoría de los catalanes, más del 70%, quiere resolver la cuestión mediante un referéndum.