El Gobierno se dirigió a todas las comunidades en diciembre de 2008, así como a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para pedirles que firmaran convenios de colaboración para poner en marcha el protocolo de apertura de fosas diseñado por el Ejecutivo y la elaboración de un mapa de enterramientos en todo el territorio nacional. Pero sólo las comunidades gobernadas o cogobernadas por los socialistas se han interesado.
Madrid, La Rioja, Murcia y Castilla y León (donde se concentran muchas fosas comunes) manifestaron en su día su disconformidad. El objetivo de la elaboración de este mapa -algo previsto en la Ley de Memoria Histórica, de diciembre de 2007-, es, según el Ministerio de Justicia, "atender la demanda de numerosos ciudadanos que ignoran el paradero de sus familiares desaparecidos y muertos durante la Guerra Civil".
Por otra parte, ante la avalancha de solicitudes, el Consejo de Ministros acordó ayer ampliar en un año, hasta el 27 de diciembre de 2011, el plazo para optar a la nacionalidad española para los hijos y nietos de quienes tuvieron que renunciar a ella a consecuencia del exilio. Las oficinas del Registro Civil Consular han recibido 161.463 peticiones en un año. El 95,5%, en las embajadas y consulados generales de España en Iberoamérica y en el Consulado General de España en Miami.