Estas medidas, anunciadas en nombre del gobierno por Simonetta Sommaruga, ministra encargada del caso, tienen como objetivo la puesta en obra del referéndum del 9 de febrero, una obligación según el sistema de democracia directa suizo, como resultado de una decisión del pueblo soberano.

Actualmente, no hay ningún cupo para los fronterizos que disponen de un contrato laboral, ni para los trabajadores temporeros.

Berna indicó también que los cantones podrán tomar medidas adicionales para proteger a su mercado laboral y la preferencia nacional seguirá siendo tomada en consideración.

El gobierno pedirá también una adaptación del acuerdo de libre comercio con la UE para tomar en cuenta la nueva política en materia de inmigración.

Bruselas ya ha indicado que este acuerdo no es negociable, porque los cupos y las prioridades nacionales van en contra de los tratados de la UE.

Una nueva votación podría ser propuesta a los electores para que decidan si denunciar o no los acuerdos bilaterales con la UE.

Las grandes líneas de la nueva política de inmigración, presentadas el viernes, no son más que una etapa en un proceso que tardará otros dos años y medio como mínimo.

Agrupadas en un proyecto de ley, serán sometidas a consulta de aquí a finales de año antes de ser ratificadas por las dos cámaras del Parlamento.

El texto votado el 9 de febrero por una corta mayoría de 50,3% a iniciativa del partido conservador populista UDC debe aplicarse en 2017.