Los nueve miembros de la más alta instancia judicial de Estados Unidos se preguntaron si un pasaporte debía reflejar la política exterior estadounidense o, por lo contrario, la identidad de un individuo.

La alta Corte estudia el caso de Menachem Zivotofsky, nacido en 2002 en la ciudad santa de padres estadounidenses que reclaman que la mención "Israel" sea añadida a su pasaporte después de "nacido en Jerusalén".

Sin embargo, tanto la comunidad internacional como Estados Unidos respetan una neutralidad estricta en cuanto al tema sensible de la soberanía sobre Jerusalén.

El Departamento de Estado, que emite los pasaportes, sólo especifica la ciudad como lugar de nacimiento.

Pero una ley federal, aprobada por el Congreso y firmada en 2002 por el entonces presidente George W. Bush, autoriza que un ciudadano estadounidense nacido en Jerusalén lleve la mención "Israel" en su pasaporte, lo que implica el reconocimiento de la ciudad como capital del Estado hebreo.

Bush había condenado esta decisión impuesta por el Congreso. Y al firmar, agregó un mensaje en el que consideraba la autorización como "una injerencia inaceptable en el poder constitucional del presidente que lleva adelante la política exterior del país".

- 50.000 pasaportes -

La Suprema Corte sólo tiene que examinar la constitucionalidad de esta ley.

Una parte de los jueces parecía querer avanzar en el sentido del gobierno, que reafirma que el Congreso no debe interceder en los poderes del presidente, mientras que otros jueces consideraban que una ley aprobada en el Congreso no era una declaración política. 

"No es un reconocimiento", indicó el juez conservador Antonin Scalia.

"Ahora Jerusalén es un polvorín" agregó la jueza Elena Kagan. "La historia muestra que todo lo que afecta a Jerusalén cuenta", insistió. 

En el corazón del debate se halla la separación de poderes entre el ejecutivo y el legislativo y los poderes constitucionales del ejecutivo en el poder legislativo en materia de política exterior.

Los padres del niño estadounidense estiman que la Constitución no le da al presidente el poder de reconocimiento de un país por sí solo. Consideran además, según su abogada Alyza Lewin, que un pasaporte sirve para identificar al individuo y no para proclamar una posición política.

El gobierno - representado por el abogado Donald Verrilli - por el contrario considera que el tema de reconocimiento de alguna soberanía es "de dominio del ejecutivo" y que concluir lo contrario "sabotea la credibilidad del presidente".

En marzo de 2012, la alta Corte había considerado que el pedido de los padres de incluir la mención "Israel" en el pasaporte era jurídicamente aceptable, aunque no se pronunció sobre el fondo del asunto.

Unos 50.000 pasaportes estadounidenses de este tipo son susceptibles de verse afectados por este tema.