Jan al Ahmar, aldea donde viven unos 200 beduinos al exterior de Jerusalén y cerca de la carretera que lleva a Jericó, podrá ser destruida a partir de la semana que viene, luego de años de batalla jurídica.

El miércoles, la Corte Suprema rechazó los recursos jurídicos presentados contra la destrucción de la aldea, por lo cual, dentro de siete días, cuando caduque la medida judicial que suspendió la destrucción, el gobierno israelí podrá proceder a la expulsión de los beduinos y a la destrucción de las viviendas.

Uno de los abogados de la comunidad beduina, Tawfiq Jabareen, reconoció ante los periodistas que ya no ve ninguna posible acción jurídica.

Este acusó a la Corte Suprema de “seguir al gobierno de derecha israelí” y no descartó una resistencia de los beduinos. El combate deberá ahora ser librado “en el plano político y por el pueblo”, aseguró.

Y advirtió que él nunca vio a “nadie quedarse con los brazos cruzados cuando es expulsado y le destruyen la casa”.

La ONU, gobiernos europeos y varias ONG intentan impedir la destrucción Jan al Ahmar, constituida de viviendas y estructuras precarias situada al este de Jerusalén y cerca de las colonias israelíes.

Unas cincuenta comunidades beduinas que representan a más de 8.000 personas, la mayoría de ellas refugiados palestinos desplazados en el pasado, son amenazadas con un traslado forzoso al centro de Cisjordania, dice la ONU.

El traslado forzoso de las poblaciones de los territorios palestinos ocupados constituye un “crimen de guerra”, según Amnistía Internacional.

– “Limpieza étnica” –

Más allá del aspecto humanitario, Jan al Ahmar se sitúa en una zona crítica.

Su destrucción permitiría extender y conectar grandes bloques de colonias, terminando por cerrar Jerusalén y restringiendo el acceso a los palestinos de Cisjordania a la parte oriental de la ciudad, según los defensores de los beduinos.

Esto convierte en aún más hipotética la viabilidad de un posible estado palestino independiente, cuya creación es la solución de referencia para la mayor parte de la comunidad internacional para resolver el conflicto con Israel.

En el marco de una solución, los palestinos quieren que Jerusalén este, anexionada por Israel, sea la capital del estado al que aspiran.

“Las demoliciones socavan la perspectiva de solución a dos Estados y son contrarias a la ley internacional”, tuiteó el enviado especial de la ONU, Nickolai Mladenov.

El gobierno palestino denunció por su parte prácticas que se parecen a una “limpieza étnica”.

El gobierno israelí propuso a los habitantes de Jan al Ahmar instalarse cerca de Abu Dis, en Cisjordania ocupada, pero estos se niegan argumentando que el lugar está cerca de un vertedero de basura, en una zona urbana en la cual no podrán hacer pastar a sus animales.

Los defensores de los habitantes justifican las construcciones sin autorización por la casi imposibilidad de obtener permisos en una gran parte de Cisjordania, ocupada por Israel desde hace 50 años.

– “Valiente” –

El ministro israelí de Defensa, Avigdor Lieberman, se congratuló por la decisión de la Corte Suprema.

“Felicito a los jueces por su decisión valiente frente a los ataques hipócritas orquestados por Abu Mazen (Mahmud Abas, el presidente palestino), la izquierda y los países europeos”, dijo Lieberman en su cuenta Twitter.

“Nadie nos impedirá ejercer nuestra soberanía y nuestra responsabilidad en tanto que Estado”, agregó.

Entre la Cisjordania ocupada y Jerusalén Este más de 600.000 colonos israelíes viven al lado de casi tres millones de palestinos.

Las colonias israelíes se van apoderando poco a poco de las tierras palestinas, achicando el territorio en el cual los palestinos quieren asentar su futuro estado.

La colonización es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional. Una gran parte de la comunidad internacional la considera como un obstáculo mayor para la paz entre Israel y los palestinos