El juez Elyakim Rubenstein rechazó el miércoles las apelaciones de cuatro de las familias, mientras que en un quinto caso, de un ataque que no dejó muertos, el magistrado pidió al Estado que justifique la imposición del castigo. 

Según los documentos consultados por la AFP este jueves, la primera apelación había sido interpuesta por la familia de Mohamed Jaabis, cuya residencia está en el barrio de Jabel Mukaber. Jaabis chocó una excavadora que conducía contra un autobús en agosto, provocando la muerte a un israelí e hiriendo a cuatro, tras lo cual fue abatido en el lugar. 

El juez también rechazó la petición de la familia de Ibrahim al Akari, que vive en el campo de refugiados de Chuafat. Akari, que también fue muerto en el lugar por la policía, lanzó su vehículo contra un grupo de personas que esperaba el tranvía, matando a una persona e hiriendo a cuatro. 

En tanto, en el caso de Ghasan Abu Jamal y de su primo Udai, que perpetraron un ataque contra una sinagoga que dejó cinco muertos en noviembre, el juez también rechazó la apelación depositada por sus familias, residentes en el barrio de Jabel Mukaber. 

Israel utilizó la táctica de la demolición punitiva durante años en Cisjordania, pero abandonó esta práctica en 2005 luego que el ejército afirmara que no tenía un efecto disuasorio y que, por el contrario, generaba violencia.

Sin embargo, en noviembre retomó esta estrategia, tras la serie de ataques sufridos a lo largo del año.