Su condena en primera instancia, el 27 de noviembre pasado, a 11 años de prisión para las adultas y la detención en un centro penitenciario especializado hasta su mayoría de edad para las otras desencadenó un escándalo entre los defensores de los derechos humanos en Egipto y el mundo.

En el caso de las 14 adultas se falló una pena de un año en suspenso, mientras que las siete menores fueron puestas en libertad vigilada durante un periodo de tres meses.

Durante la audiencia del sábado ante el tribunal de apelaciones de Alejandría (norte), las adultas, con la cabeza cubierta con sus habituales pañuelos blancos, entraron esposadas a la jaula de los acusados llevando una rosa y con la palabra "Libertad" escrita en las palmas de las manos, informó una periodista de la AFP.

Las fuerzas del orden habían desplegado un importante dispositivo alrededor del tribunal de apelaciones.

Estas 21 egipcias habían sido condenadas fundamentalmente por "violencias" después de ser arrestadas en Alejandría el 31 de octubre. Ese día ellas participaron en una manifestación a favor de Mursi que derivó en enfrentamientos con las fuerzas del orden.

"Hasta en la época de Mubarak había cierta moral" ante la justicia, "las mujeres y las jovencitas eran una línea roja y no eran juzgadas", dijo en la audiencia su abogado, Ahmed al Hamrawy.

Los Hermanos Musulmanes, el movimiento del cual procede Mursi, ganaron las elecciones legislativas y la presidencial en 2012, luego de la revuelta popular que causó la caída a principios de 2011 de Hosni Mubarak, después de tres décadas en el poder.

"Somos prisioneras políticas"

"Nosotras tenemos derecho a manifestarnos, es un derecho constitucional", explicó a la AFP Aya Adel, una joven estudiante, desde la jaula de los acusados durante una pausa. "Somos prisioneras políticas", insistió.

El 27 de noviembre, las imágenes de estas jóvenes, que aparecían vestidas de blanco y con velo, esposadas y sentadas tranquilamente detrás de las rejas de una jaula del tribunal, conmovieron incluso a partidarios del nuevo gobierno dirigido en los hechos por el ejército, apoyado por una amplia mayoría de la población y los medios de comunicación egipcios.

El gobierno, nombrado por el ejército después de que destituyó y arrestó a Mursi, el 3 de julio, lleva a cabo una sangrienta represión contra los partidarios del expresidente desde mediados de agosto. Más de mil manifestantes islamistas murieron en cerca de cuatro meses y más de 2.000 miembros de los Hermanos Musulmanes fueron detenidos.

Para justificar el arresto de Mursi, único presidente electo democráticamente en la historia de Egipto, el ejército invocó las manifestaciones de millones de opositores del 30 de junio. Estos manifestantes exigían la partida del jefe de Estado, al que acusaban de monopolizar el poder en beneficio de los Hermanos Musulmanes y de querer islamizar rápidamente a la sociedad egipcia.

Desde entonces, casi todos los dirigentes de la cofradía fueron arrestados y comparecen, al igual que Mursi, ante diversos tribunales, acusados fundamentalmente de "incitación al asesinato" de manifestantes cuando estaban en el poder. Dichos jucios son calificados de "políticos" por los partidarios de Mursi y denunciados por las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos.

La represión sangrienta comenzó el 14 de agosto pasado, cuando el gobierno interino --encargado de organizar las elecciones legislativas y la presidencial de 2014-- ordenó a las fuerzas del orden que dispersasen dos mítines a favor de Mursi en El Cairo. Al menos 700 manifestantes islamistas murieron ese día.

Desde entonces, los llamados cotidianos a manifestar para el regreso de Mursi no congregan a mucha gente, pero son sistemáticamente dispersados por las fuerzas de seguridad, que en cada oportunidad arrestan a numerosos simpatizantes del ex mandatario.