"Acabo de firmar un decreto (...) para mantener abiertas las instalaciones en la Bahía de Guantánamo", dijo Trump durante el discurso, con lo que cumplía así con otra de sus promesas electorales.
El mandatario afirmó que "los terroristas son enemigos combatientes ilegales", que "deben ser tratados como los terroristas que son".
Si es necesario serán "aniquilados", si es posible serán "detenidos e interrogados", dijo. "En la lucha contra el EI (Estado Islámico) y Al Qaida, vamos a seguir contando con todos los poderes necesarios para detener a los terroristas, donde quiera que los encontremos. Y en muchos casos van a ir a Guantánamo", sentenció. No obstante es cuestionable que finalmente sea como dice el presidente.
Durante la campaña electoral Trump se manifestó en contra del cierre de esta cárcel que va en contra de las convenciones internacionales. Desde que llegó al poder hace un año apenas ha hablado del tema. Ahora no sólo ha firmado el decreto para seguir manteniendo abiertas estas instalaciones, sino que ha ordenado al secretario de Defensa, James Mattis, que revise la política de encarcelamiento y contemple la posibidad de trasladar a algunos de ellos si lo considera "adecuado".
La cárcel fue creada después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y llegó a albergar a cientos de "combatientes enemigos" arrestados fuera de Estados Unidos.
En la actualidad alberga a 41 prisioneros y contra diez de ellos se han presentado cargos en un tribunal castrense. Otros siete tienen que responder por crímenes de guerra. Entre ellos figura Jalid Sheij Mohammed, presunto responsable de los atentados terroristas del 11-S. Pero el proceso está paralizado desde hace años.
Contra 26 de los reclusos no se presentaron nunca cargos. El Gobierno de Washington sin embargo no quiso dejarlos nunca en libertad, pues considera que son peligrosos. Durante el Gobierno de Obama se dispuso que quedaran en libertad otros cinco reos, pero la medida no se implantó.
El ex presidente Obama había prometido que cerraría la instalación, pero su administración enfrentó varios obstáculos para cumplir con la promesa, entre otras cosas, la oposición de la opinión pública, dificultades para que otros países aceptaran recibir a los detenidos y prohibiciones legales impuestas por el Congreso.
En julio del año pasado, el fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, visitó la controvertida prisión militar, para "ponerse al día" de la situación, según informó el Departamento de Justicia.
El decreto de Trump contempla que otros presos puedan ser trasladados a Guantánamo, pero algunos analistas estiman que es poco probable que eso vaya a suceder. La oposición sería enorme y además su encarcelamiento podría ser recurrido en los tribunales. Desde marzo de 2008 no ha ingresado ningún detenido más en Guantánamo.
El Centro para los Derechos Constitucionales (CCR, según sus siglas en inglés), que representa a varios de los internos, criticó duramente la decisión de Trump. La organización anunció que la apelará en los tribunales.