DPA (Deutsche Press Agency-Agencia de Prensa Alemana)
Sacramento. - California, el mayor estado del país, se ha convertido en una gran piedra en el zapato de Donald Trump con sus políticas de protección de los indocumentados a los que el mandatario quiere deportar. Tras meses de amenazas sin éxito para que colabore en la localización y expulsión de inmigrantes sin papeles, la administración Trump la ha demandado en los tribunales.
"Me parece que California está usando todo su poder, que se arroga pero no tiene, para no aplicar la ley. Yo voy usar todo el poder que tengo para que la aplique", proclamó hoy el fiscal general, el ultraconservador Jeff Sessions, después de que el Departamento de Justicia demandara al estado de la costa oeste por las leyes que aprobó el año pasado para proteger a los sin papeles.
Con ese paquete legislativo se convirtió en el primer estado santuario del país, que es el que se niega a colaborar con las autoridades federales en la localización y arresto de inmigrantes indocumentados para que sean deportados.
Numerosas ciudades y localidades californianas son santuarios también, entre ellas Los Ángeles y San Francisco, que desde hace tiempo cuentan con legislación específica al respecto.
"La ley federal es la ley suprema del país", manifestó hoy Sessions en Sacramento, la capital californiana. El Departamento de Justicia presentó allí la noche anterior la demanda ante una corte federal.
El fiscal general, situado en la línea más dura de la administración Trump en materia migratoria, viajó a la ciudad para hablar de la decisión de demandar a California ante dos centenares de agentes de la ley reunidos en un encuentro sectorial.
"California, tenemos un problema: una serie de acciones y hechos que han tenido lugar aquí, que tienen un impacto directo y adverso en el trabajo de nuestros agentes federales", dijo Sessions. Trump y él ligan inmigración -no solo la ilegal- con el crimen y las drogas y acusan a California de refugiar a criminales.
California es el estado más poblado del país y también el que tiene la mayor población de origen hispano: de sus 39 millones de habitantes, son latinos unos 15 millones, cerca del 39 por ciento. Las estimaciones apuntan a que allí viven 2,3 millones de inmigrantes sin papeles.
Sessions fue recibido con protestas a su llegada al hotel de Sacramento en el que habló y mientras lo hacía, cientos de personas se manifestaban en la calle con pancartas contra él, coreando consignas como "¿Qué queremos? ¡Que se vaya Sessions!".
California es un bastión demócrata. Hillary Clinton sacó allí más de cuatro millones de votos y 30 puntos porcentuales de ventaja a Trump en las elecciones presidenciales de 2016.
La Asamblea y el Senado, las dos cámaras del congreso estatal, están controladas abrumadoramente por el Partido Demócrata, al que pertenecen también su gobernador, Jerry Brown, y el fiscal general californiano, Xavier Becerra, de origen mexicano.
"Esto es básicamente ir a la guerra contra el estado de California", clamó hoy el gobernador Brown, que compareció públicamente junto a Becerra para responder al paso dado por la administración Trump y a las palabras de Sessions.
El enfrentamiento entre Trump y California comenzó antes de la llegada del republicano a la Casa Blanca, en enero de 2017. El mes anterior, el presidente del Senado californiano, Kevin de León, lanzó la primera advertencia: "California nunca se callará ante aquellos que amenazan con menoscabar nuestra prosperidad o con privar a nuestra gente de sus derechos humanos fundamentales".
Aquel día, el congreso californiano celebró su primera sesión tras los comicios presidenciales y comenzó la tramitación de las leyes para proteger a los indocumentados que fueron aprobadas definitivamente en octubre y por las que el estado acaba ahora de ser demandado por el Gobierno de Trump.
Una de esas leyes prohíbe a los empleados de la administración californiana cooperar con las autoridades de inmigración federal. Otra permite que los funcionarios estatales, que están bajo supervisión del fiscal Becerra, inspeccionen los centros de detención federales de inmigrantes. La tercera impide que las fuerzas del orden locales informen a las de inmigración federal de cuándo un inmigrante indocumentado va a ser liberado tras ser detenido.
No solo son inconstitucionales, sino "una violación del sentido común", dijo hoy Sessions.
Trump y él ya intentaron castigar a las ciudades santuario y obligarlas a cooperar retirándoles fondos federales, pero los tribunales frenaron ese movimiento. Hace unos días, Trump amenazó a California con retirar los agentes de inmigración y frontera federales para que se vea "inundada" de criminales.