Tres días después de la caída del régimen y la huida de Zine El Abidine Ben Alí, tras un mes de revuelta popular, la "revolución del jazmín", el nuevo ejecutivo se encargará de garantizar el desarrollo de la transición y de preparar las próximas elecciones presidenciales y legislativas.
Ghanuchi también anunció toda una serie de medidas de apertura democrática: "libertad total de información", liberación de todos los presos de opinión, levantamiento de la prohibición de actividades para las organizaciones de defensa de los derechos humanos y su legalización.
También dijo que todos los partidos políticos que lo pidan serán legalizados. El partido islamista Enahda y el Partido Comunista de los Obreros de Túnez (PCOT) están prohibidos en Túnez.
El primer ministro anunció la celebración de elecciones generales dentro de "seis meses como muy tarde", en declaraciones a la televisión Al Arabiya.
"La Constitución prevé la celebración de elecciones en 45 a 60 días (...), un plazo que no es suficiente" para emprender las reformas necesarias para la organización de comicios democráticos, añadió.
Un plazo de seis meses, acordado durante los contactos con partidos de la oposición, "es razonable", estimó.
Último primer ministro de Ben Alí, Ghanuchi aseguró haber formado "un gobierno que integra los diferentes partidos y los componentes de la sociedad civil".
Entre los 24 ministros y delegados ministeriales del nuevo gabinete figuran tres jefes de partidos políticos de la antigua oposición al régimen de Ben Alí, que huyó a Arabia Saudí tras 23 años de poder.
Se trata de Ahmed Nejib Chebi, jefe histórico del Partido Democrático Progresista (PDP, oposición laica radical), Ahmed Ibrahim, del movimiento Etajdid (Renacimiento, ex comunista) y Mustafá Ben Jaafar que dirige el Frente Democrático para el Trabajo y las Libertades (FDTL).
Ocho miembros del antiguo gobierno de Ben Alí, incluido el primer ministro, siguen en el gabinete ocupando puestos clave como Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y Finanzas.
Todos ellos presentan perfiles más tecnocráticos que políticos y gozan de una reputación de integridad.
En el gobierno de transición hay también representantes de la sociedad civil.
Los tunecinos analizarán con lupa el nuevo gabinete, ya que no están dispuestos a permitir que les confisquen su revolución tras un mes de revuelta popular reprimida de forma sangrienta en la que murieron al menos 66 personas.
El opositor histórico Moncef Marzuki ya denunció una "mascarada", una "falsa apertura" con el mantenimiento de ministros de Ben Alí.
Cientos de personas se manifestaron el lunes en Túnez y en provincias para pedir la exclusión del gobierno de los políticos vinculados al antiguo régimen y a su partido, la Asamblea Constitucional Democrática (RCD).
El lunes no estuvo marcado por enfrentamientos entre francotiradores y las fuerzas de seguridad en Túnez, como la víspera, pero pocos comercios osaron abrir las puertas en el centro de la capital.
Francia se puso "a la disposición de las autoridades constitucionales tunecinas" para examinar la suerte de los bienes inmobiliarios en Francia del presidente derrocado y de las personas de su entorno.
Su segunda esposa, Leila Trabelsi, y su familia política se acapararon de las riquezas del país, según numerosos observadores.
Según el diario francés Le Monde, que cita fuentes de la presidencia francesa, la familia del ex presidente huyó de Túnez con 1,5 toneladas de oro, una información desmentida por el Banco Central de Túnez.