Puigdemont debía responder hasta hoy un requerimiento del Gobierno central para explicar si declaró o no la independencia de Cataluña la semana pasada. En su respuesta, sin embargo, eludió esa aclaración y se limitó a pedir a Mariano Rajoy dos meses de diálogo, lo que fue recibido en Madrid como un incumplimiento del primer ultimátum.
"El Gobierno lamenta que el presidente de la 'Generalitat' haya decidido no contestar al requerimiento", dijo la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría. "No era muy difícil decir sí o no. Era la pregunta que se le hacía".
El propio Rajoy respondió a Puigdemont en términos similares con una carta que apunta ya al jueves. "Espero que en las horas que quedan hasta que se cumpla el segundo plazo del requerimiento responda con la claridad que todos los ciudadanos exigen y el derecho requiere", señaló el mandatario conservador del Partido Popular (PP).
Puigdemont anunció la independencia unilateral de Cataluña el martes pasado en el "Parlament" regional, pero la suspendió de inmediato para pedir diálogo con el Gobierno español, creando así una confusa situación tanto en Madrid como en Barcelona.
Al día siguiente, Rajoy fijó los dos plazos para aclarar lo ocurrido y advirtió que, si Puigdemont no lo hacía, el Gobierno activaría el artículo 155 de la Constitución, que permite "adoptar las medidas necesarias" para que el Estado fuerce a una región a cumplir sus obligaciones.
La medida, que Rajoy intenta evitar hasta el último momento por su impacto político, sería inédita en 40 años de democracia española. En el caso de Cataluña, implicaría, por ejemplo, la intervención de autoridades puntuales con el objetivo de convocar elecciones anticipadas en la región.
Llegado el primer plazo, Puigdemont respondió hoy con una carta que pide diálogo. "No dejemos que se deteriore más la situación", propone en tono conciliador. "Con buena voluntad, reconociendo el problema y mirándolo a la cara, estoy seguro de que podemos encontrar el camino a la solución".
La oferta fue desestimada por Sáenz de Santamaría, que instó a Puigdemont a debatir el tema en el Congreso de los Diputados. "Nadie le niega el diálogo, pero tiene que hacerse dentro de la ley, con máxima claridad y en el Congreso, donde está representada la mayoría de la ciudadanía", sostuvo. "El diálogo no se exige, se hace".
Otros miembros del Gobierno y del PP tacharon de "burla" y "confusión deliberada" la respuesta del dirigente catalán. El líder del partido en Cataluña, Xavier García Albiol, la consideró una prueba de que Puigdemont "es un inconsciente y pretende reventarlo todo".
La ambigüedad de la respuesta de Puigdemont irritó no solo al Gobierno, sino también a la CUP, el partido radical que lo apoya en el "Parlament" y que le exige que proclame de inmediato la república catalana.
"La CUP habría hecho una carta muy diferente", criticó la diputada Mireia Boya. Su par Benet Salellas exigió directamente declarar la independencia como "instrumento de autodefensa" antes de que el Gobierno aplique el 155. Si el partido quita su apoyo al "Govern", Puigdemont podría verse abocado a convocar elecciones adelantadas.
Mientras se conocía el intercambio de cartas, un segundo foco de tensión se abrió en Madrid cuando el jefe de la Policía regional de Cataluña, Josep Lluís Trapero, acudió por segunda vez a declarar en la Audiencia Nacional imputado por un delito de sedición.
La fiscalía pidió prisión sin fianza para Trapero, lo que habría provocado un fuerte impacto político en Cataluña, pero la juez lo dejó en libertad provisional con medidas cautelares. También declararon hoy como imputados los líderes de las entidades secesionistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y Teresa Laplana, intendenta de la Policía catalana.
Los cuatro están imputados por los incidentes del 20 y 21 de septiembre en Barcelona, cuando varios agentes de la Guardia Civil quedaron atrapados dentro de una sede del Gobierno catalán por manifestantes independentistas en el exterior que también destrozaron coches del cuerpo armado.
Puigdemont desató la peor crisis institucional de las últimas décadas en España al organizar el polémico referéndum soberanista del 1 de octubre pese a que había sido suspendido por el Constitucional español. Un 90 por ciento votó a favor de la independencia. Los partidarios del "no", que según los sondeos son más de la mitad de los catalanes, boicotearon el referéndum.