La investidura de ese tecnócrata de 53 años fue aprobada por los 120 votos de los socialistas y diputados del Partido Liberal de la Minoría Turca (MDL).
Los 97 representantes del partido conservador GERB del exprimer ministro Boiko Borisov votaron en contra. Los del partido ultranacionalista Ataka se abstuvieron.
Estaban presentes 217 diputados de un total de 240.
La votación del Parlamento puso fin al bloqueo político en el que se hallaba sumido el país más pobre de la Unión Europea desde las elecciones del 12 de mayo, en las que no hubo un ganador neto.
La tarea de Orecharski se anuncia titánica, ya que debe actuar rápidamente para restaurar la confianza de los búlgaros en sus instituciones y mejorar sus condiciones de vida.
En una intervención en el Parlamento se declaró resuelto a "poner fin al enfrentamiento en la sociedad", cuya "desintegración" teme, y dedicarse también a resolver los problemas de las minorías, entre ellos los romaníes, estimados en un 9% de la población.
Durante el invierno pasado miles de búlgaros salieron a las calles en todo el país para protestar contra el alza de los servicios de electricidad, y contra la corrupción y la pobreza endémica en el país.
Seis personas se suicidaron prendiéndose fuego, en un hecho sin precedentes en Bulgaria.
Bajo la presión de la calle, el primer ministro conservador Borisov renunció el 20 de febrero y las elecciones legislativas anticipadas se llevaron a cabo el 12 de mayo. Su partido obtuvo una victoria ajustada, pero el ex guardaespaldas había renunciado a formar un gobierno ya que ninguna de las tres otras formaciones parlamentarias quería aliarse con él.
Orecharski explicó que deseaba "consolidar la democracia, estimular a los empresarios, y restablecer la solidaridad y la justicia social.
También prometió "mejorar el mundo de los negocios con miras a atraer a los inversionistas y crear empleos", sin dar más detalles.
El salario promedio en Bulgaria es inferior a 400 euros.
El gobierno de Orecharski, igualmente aprobado el miércoles por el Parlamento, está constituido por expertos y políticos, bastante jóvenes, cercanos a los socialistas y al MDL, no muy conocidos del público.
El nombramiento de Zinaida Zlatanova, ex representante de la Comisión Europea en Bulgaria, al cargo de viceprimera ministra y ministra de la Justicia, ilustra el esfuerzo de tener en cuenta las críticas de Bruselas sobre la ineficiencia de la justicia búlgara ante la corrupción.