Universidades ecuatorianas rechazan proyecto de Ley de Senplades
Hoy, Ecuador
Nadie que conozca el mundo universitario ecuatoriano dejará de coincidir en la necesidad del cambio. Pero para hacerlo no es necesario difundir publicidad sobre los defectos de la universidad, que son bastante conocidos, ni desvalorizar la experiencia de formación profesional en esta. Además, a la hora de pensar en una ley que regule ese mundo y promueva su renovación, resulta esencial que sea fruto de amplios acuerdos, si se quiere que la ley no tenga una vida efímera y sirva en realidad para la reforma universitaria.
Un problema básico del proyecto es que liquida la autonomía universitaria al crear organismos como el que planifica, regula y coordina el sistema, la Secretaría Técnica y la entidad de acreditación y aseguramiento de la calidad de la enseñanza superior en los cuales tiene la sartén por el mango el Gobierno. Todas las grandes instancias del gobierno de las universidades -la definición de las políticas, su ejecución y evaluación de los resultados- se definen por organismos externos a las universidades y pasan a ser manejadas por el Estado.
Es necesario un determinado nivel de coordinación entre las universidades y la planificación del Estado para evitar la proliferación de carreras cuyos graduados no tengan después posibilidades de empleo; también es clave que las universidades rindan cuentas al país del uso de sus recursos y el cumplimiento de sus responsabilidades en la formación de profesionales, la investigación y el servicio que prestan a la sociedad.
Pero de allí a crear estructuras de Gobierno para manejarlas con injerencia estatal y del gobierno de turno existe un abismo en el que se juega la autonomía universitaria, condición esencial de desarrollo para las universidades.