Lo que en Colombia llaman las chuzadas el espionaje ilegal de jueces, diputados y defensores de derechos humanos por el que están en prisión ex responsables de los servicios secretos (DAS) empezó a quemar a Uribe esta misma semana, cuando varios de los principales procesados admitieron que siguieron órdenes directas de la Presidencia, incluso cuando amenazaron de muerte a opositores. El proceso contra el DAS tiene entre rejas a su primer director, Jorge Noguera, nombrado directamente por Uribe, bajo cuyo mandato los servicios secretos facilitaron a los paramilitares datos sobre líderes sociales y sindicales que después fueron asesinados.
Pero lo más grave es que Uribe se despide de la Presidencia cuando la Fiscalía General de la Nación acaba de emprender un censo nacional sobre cadáveres enterrados como "NN" (sin nombre) a lo largo de todo el país, con el fin de cruzarlos con los 32.348 desaparecidos que tiene registrados la Unidad de Justicia y Paz. Una cifra superior a la suma de los desaparecidos en todas las dictaduras de América Latina. Gran parte de estos muertos sin nombre ya han sido confesados como víctimas de masacres por los jefes paramilitares que se han acogido a sentencias benignas (no más de ocho años de cárcel) por confesar sus acciones.
Al menos 1.700 de las víctimas son "falsos positivos": jóvenes asesinados y presentados luego como guerrilleros muertos en combate. Ayer mismo, el fiscal de la región de Nariño ordenó la detención de 24 militares del Batallón Boyacá por matar a 20 personas entre 2007 y 2009 indigentes y campesinos para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate. Uno de ellos era un discapacitado que no podía mover los brazos y que fue presentado junto a un fusil.
En muchos de los casos que la fiscalía indaga como "NN", los cuerpos de las víctimas eran enterrados en cementerios clandestinos próximos a cuarteles. Como en La Macarena, cercana a una guarnición de élite del ejército en la región del Meta, donde hay una fosa con unos 2.000 cadáveres sin identificar. La presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, Cilia Flores, acusa a Uribe de montar una escalada de tensión con su país, "como estrategia para tratar de tapar el genocidio de La Macarena".

Mandato bajo sospecha

Tras un segundo mandato, iniciado en 2006 gracias a una reforma constitucional, Uribe intentó por todos los medios poder ser reelegido de nuevo gracias a un referéndum que volviera a retorcer la Constitución. Pero el Supremo bloqueó su maniobra, y los promotores de la consulta están confesando que la operación fue promovida mediante una financiación fraudulenta a cargo de contratistas del Estado. Incluso la autorización para el segundo mandato que termina hoy, obtenida con una votación parlamentaria in extremis, podría ser declarada ilegal (por haber sido comprados los votos que hicieron posible la reelección en 2006) según la investigación que está a punto de culminar la fiscalía.
Aunque Uribe se despide con una alta popularidad, obtenida con una mezcla de populismo, asistencia social e identificación con una Colombia profunda a la que prometió el final de una guerra que dura ya más de 50 años, los resultados reales de su gestión no pueden ser más negativos. Al inicio de su presidencia, en 2002, Colombia era el cuarto país más desigual de América; hoy es el primero. El Gobierno reconoce que un 46 % de la población está en la pobreza, el 65 % entre los campesinos. Según la CEPAL la cifra podría elevarse al 71 % si se suman los pobres y a los que están en riesgo de serlo.

Millones de desplazados

El colombiano que durante más tiempo ha gobernado el país deja el Palacio de Nariño con el 60% de la población en paro o en la economía sumergida. Más de tres millones de personas son desplazadas: los paramilitares y los caciques regionales, que han apoyado incondicionalmente al uribismo, les han arrebatado más de cinco millones de hectáreas de tierras.
El relato con el que Uribe llegó al poder fue el de la "seguridad democrática": acabar por la fuerza con la guerrilla de las FARC, un empeño en el que fracasó su antecesor Pastrana. Para su reelección agregó la "confianza inversionista" y la "cohesión social". Dice el escritor y periodista Antonio Caballero: "Inseguridad, desconfianza y polarización son el legado que dejan ocho años de tramposos, corruptos y brutales gobiernos de Uribe".