El proyecto de 36 artículos completado luego de tres meses de debates entre el Poder Ejecutivo y legisladores del gobernante Frente Amplio (FA, izquierda) será presentado formalmente el jueves a la Comisión especial de adicciones de la Cámara de Diputados para comenzar a debatirlo, y que pueda ser sometido a votación en el plenario antes de fin de año, dijo a la AFP el diputado oficialista Julio Bango, integrante de la comisión.
"El Estado (...) asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización, y distribución de cannabis o sus derivados", sostiene el texto, al que accedió la AFP y que defiende la aplicación de una "política orientada a minimizar los riesgos y reducir los daños del uso del cannabis".
El proyecto prevé la creación de un organismo público no estatal, el Instituto Nacional del Cannabis (INCA), que regulará desde la plantación hasta la distribución y expendio de la marihuana, además de fiscalizar el cumplimiento de la norma.
Según el texto, se permitirá el cultivo doméstico de cannabis con un límite de hasta seis plantas y de hasta 480 gramos anuales producto de la recolección.
El INCA también autorizará la creación de clubes de membresía, que podrán tener un máximo de 15 socios, 90 plantas y cosechar un tope de 7.200 gramos anuales.
Actualmente el consumo de marihuana no está penado en Uruguay y queda librado a los jueces cuánto puede tener una persona para consumo propio para no ser castigada penalmente.
Quienes no sigan el mecanismo legal de consumo, producción o autocultivo seguirán siendo pasibles de sanciones penales, aclaró Bango.
"Si alguien compra en el mercado negro, queda sometido a las disposiciones penales que van a seguir rigiendo", enfatizó. En caso de que quienes estén autorizados no cumplan con las normas de seguridad o permisos, serán pasibles de una multa que irá desde USD 600 hasta USD 60.000.
Quienes ya poseen plantas tendrán 180 días para registrar su cultivo, luego que sea aprobada la ley, que establece que la información sobre la identidad de los autocultivadores "tendrá carácter de dato sensible" y será reservada.
Un largo camino
Si la norma finalmente es aprobada, el Poder Ejecutivo deberá luego reglamentar mecanismos de acceso a las semillas, estándares de seguridad, las condiciones de uso de las licencias de cultivos, el registro de los consumidores y cómo será la distribución, entre otros.
"Más que saber quién compra, lo que importa es tener una trazabilidad sobre la sustancia, porque fuera de fronteras no va a haber una regulación similar y tenemos que cuidar que no haya una salida de marihuana" al exterior, explicó Bango.
El legislador adelantó además que para el expendio del cannabis se otorgarían licencias a privados o públicos, que deberán informar sobre los riesgos del consumo abusivo de drogas.
"Lo que estamos intentando no es promover el consumo sino todo lo contrario, reducir el daño", enfatizó.
En un principio "la producción va a ser en función de un cálculo en base a la cantidad de consumidores que existe en el país, según las estadísticas existentes (...) tratando de que esa producción vaya disminuyendo en el futuro, en la medida que se logre reducir el consumo", indicó el legislador.
En Uruguay, con 3,2 millones de habitantes, el 8,3% de la población consumió marihuana en el último año, lo cual representa unas 128.000 personas, según una encuesta de la Junta Nacional de Drogas difundida en mayo.
Si bien la meta es que el año próximo se complete la aprobación del proyecto, Bango cree que el sistema difícilmente pueda implementarse antes de 2014.
"Hay muchos detalles que la ley prevé que hay que implementar que requieren de una ejecución muy planificada y muy seria, y sin improvisación", destacó. "Hay que hacer algo viable y seguro".
Juan Vaz, activista de la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay (AECU), dijo a la AFP que el proyecto es "innovador en algunos aspectos" y "sin dudas es un avance" , ya que le da más seguridad al consumidor y le permite desvincularse del narcotráfico.
Sobre el hecho de que los cultivadores y consumidores estén registrados, comentó que lo importante es "que se den las garantías necesarias para mantener esa información a recaudo, por lo menos hasta que se normalice y la opinión pública vea que el usuario es una persona común y corriente".
En un futuro no muy lejano, "ya no va a tener relevancia si alguien consume marihuana o no, como hoy no la tiene si alguien toma una cerveza o no", aseguró.
El proyecto de legalización de la marihuana fue anunciado en junio por el gobierno en el marco de medidas para combatir la inseguridad y endurecer las penas para los traficantes de pasta base de cocaína, a la que se vincula con el incremento de la violencia en los delitos.