"Sin descontaminación, no hay reconstrucción", repite el gobierno japonés.

Con excavadoras, carretillas y chorros de agua recogen las hojas muertas, lavan cientos de miles de árboles y separan los desechos, sin que nada parezca detener su determinación para sanear una tierra contaminada desde el accidente nuclear del 11 de marzo de 2011.

"Unos 10.000 hombres trabajan sobre los alrededor de 2.000 km2 de terreno de cuya descontaminación se encarga el Estado, y otros tantos en zonas menos afectadas, tratadas por las colectividades locales", explicó Tsutomu Sato, director de la oficina de descontaminación en el Ministerio de Medio Ambiente.

Estos "descontaminadores" son considerados como trabajadores del sector nuclear, y se supone que tienen el mismo seguimiento médico.

El Estado se encarga de 11 aglomeraciones situadas a menos de 20 km del complejo atómico en las que la exposición a la radioactividad supera los 20 milisieverts/año. Mientras tanto, las colectividades locales se ocupan de 100 municipios que siguen estando habitados en la provincia de Fukushima y en otras siete prefecturas, donde esta dosis está entre 1 y 20 millisieverts anuales.

"De momento se han destinado 1,8 billones de yenes (13.000 millones de euros) a estos trabajos, incluyendo la cantidad del año que viene", indicó Sato, precisando que esta cantidad "debe pagarla la empresa gestora de la central, Tokyo Electric Power (Tepco), pero el Estado adelanta el dinero".

En el perímetro evacuado, se considera que solo está totalmente descontaminada la localidad de Tamura, aunque las labores de limpieza progresan visiblemente en los campos cercanos a las viviendas en la localidad de Naraha, donde el Ministerio de Medio Ambiente dice que el trabajo está "casi terminado".

Por el momento, el Estado sanea dos tercios de la zona evacuada, unos 815 km2, y deja de lado las aglomeraciones de una zona considerada roja de 337 km2 donde vivían 25.000 personas y donde la dosis anual de exposición radioactiva supera los 50 milisieverts.

El gobierno considera que el nivel admisible para que la población vuelva es de 20 milisieverts al año, apoyándose en las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) y de la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP).

"No obstante, la gente no volverá hasta que se haya fijado un nivel más preciso para cada uno de los municipios afectados y se reúnan las condiciones de residencia y de seguimiento sanitario", precisó Sato.

Parece que de momento no hay muchos candidatos para volver. Según un estudio realizado hace un año por el Ministerio de Industria en Okuma y Futaba, las dos ciudades más próximas a la central, solo un 10% de sus antiguos habitantes desearía volver, frente a un 43% que no saben qué hacer y otros tantos que ya han decidido no volver.

En otros lugares, los antiguos residentes (fundamentalmente personas de avanzada edad), condicionan su vuelta a que se restablezcan unas condiciones de vida relativamente normales, con servicios como comercios y médicos, y a que haya disposiciones concretas de radioprotección.