Margarita Xirgu era un icono del teatro, un meteorito que horadó el casticismo de las tablas con su apuesta por la vanguardia europea. Para media España, un símbolo del compromiso de una generación de artistas de entreguerras. Para la otra media, una roja con un pasado que expiar. El expediente de la actriz es uno de los 36.018 resueltos hasta noviembre de 1941 por los 18 tribunales regionales de responsabilidades políticas, creados para castigar a los perdedores de la Guerra Civil por su ideología, a golpe de multas e incautaciones.

Por ellos desfilaron desde presidentes de la República como Manuel Azaña o Niceto Alcalá Zamora hasta insignificantes militantes de partidos del Frente Popular que alguien ponía en la diana del tribunal. Daba igual que el procesado estuviese en España o en el exilio; daba igual que estuviese vivo o muerto. En el peor de los casos, la familia pagaba el ajuste de cuentas. Así que Xirgu, de notoria afinidad republicana, no se libró de esta persecución, que comenzó mientras ella estaba de gira en México. "Es persona de izquierda, figurando afiliada en Izquierda Republicana. En octubre de 1934 tuvo oculto en su casa a Manuel Azaña, del que era íntima amiga, así como de Marcelino Domingo
[ministro de Instrucción Pública]. Le cogió el Movimiento Nacional en el extranjero, no habiendo regresado a su patria, dedicándose a realizar propaganda roja en festivales, representaciones teatrales y giras. Protege a los elementos marxistas en una finca que ha adquirido en Chile".
Por tales "hechos graves", el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Barcelona le confiscó todos sus bienes en 1941, la inhabilitó para ocupar cargos "de toda clase" a perpetuidad y la condenó al destierro, también perpetuo. Entre las propiedades incautadas se incluían tres viviendas en Barcelona y la casa de Badalona, donde Azaña se había alojado tras su retención en el puerto barcelonés en 1934, y por la que también habían pasado Federico García Lorca y Jacinto Benavente.
Margarita Xirgu jamás regresó del exilio, a su juicio, el peor de los males. "Qué sabios eran los griegos; no te mataban, te exiliaban", decía la actriz a menudo, según recuerda su sobrino-nieto Xavier Rius Xirgu. No retornó ni siquiera tras la decisión de la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas, heredera de los expedientes políticos, que aceptó el recurso de la artista y suavizó el castigo: multa de 2.000 pesetas y devolución en 1949 de los bienes incautados, incluida la casa de Badalona.
Parte de este historial de Xirgu figura entre la documentación trasladada en diciembre pasado en 4.221 cajas desde el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares (Madrid) al Centro de la Memoria Histórica de Salamanca, que el Ministerio de Cultura convertirá en un gran archivo de los peores años del siglo XX. En esas cajas se puede rastrear buena parte de la represión política impulsada desde 1939 gracias al esmero de la dictadura en dejar huella de su propio desatino. Entre la documentación judicial conservada ahora en Salamanca hay algunos ejemplos.
Al socialista Julián Besteiro, que murió en 1940 en la cárcel de Carmona (Sevilla), se le condena un año después de su fallecimiento a pagar 15.000 pesetas de multa. Absurdo, sí. Implacable, también. La represión se heredaba. Entre otros, le ocurrió a los familiares de Lluis Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña. Le mataron tras un consejo de guerra y posteriormente todos sus bienes fueron adjudicados al Estado. En 1948, su hermana Ramona reclamó la devolución de las propiedades. En Salamanca se pueden leer los argumentos que da la Comisión Liquidadora en 1953 para rechazar esta petición: "No ha lugar a devolver a los herederos de Luis Companys las fincas que fueron embargadas en pago por la responsabilidad civil declarada contra el mismo por la realización de actos contrarios al Movimiento Nacional".