Con los cancilleres de Unasur y el nuncio apostólico de Caracas como testigos, el gobierno y el sector moderado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) adelantan, desde hace casi un mes y a paso lento, mesas de trabajo y reuniones para buscar una salida a tres meses de manifestaciones, con saldo de 42 muertos y más de 800 heridos.

Pero desde los primeros acercamientos para el diálogo, el ala radical de la coalición opositora se marginó ante el rechazo tajante de Maduro a una "ley de amnistía" para los denominados "presos políticos", requisito innegociable de ese sector para participar.

Aunque el diálogo sigue sin alcanzar acuerdos concretos, su inicio ayudó a Maduro a "comprar tiempo (frente a la crisis), desactivar los núcleos de protestas legitimando la interlocución con un sector de la oposición, y reavivar el viejo debate y fisuras en la MUD entre radicales y moderados, duros y pragmáticos", explicó a la AFP el politólogo John Magdaleno.

"El gobierno ganó cierta oxigenación, pero las protestas continuarán", advirtió el analista Ángel Oropeza.

Los sondeos señalan que casi 60% de los venezolanos reprueban la gestión del mandatario y un tercio lo responsabiliza de la crisis en el país petrolero, golpeado por una inflación de casi 60% anual y una severa escasez de productos básicos como café, leche o papel higiénico.

- División latente -

Con el diálogo, se manifestaron las diferencias en la MUD. Dirigentes radicales como Leopoldo López (preso desde el 18 de febrero acusado de instigar a la violencia en las protestas y todavía en espera de juicio) o la diputada destituida María Corina Machado y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, promueven la estrategia 'La Salida', que busca presionar por la renuncia de Maduro con las protestas.

Críticos a cualquier propuesta que se aleje de la constitución, líderes del sector moderado como el expresidenciable Henrique Capriles o el secretario ejecutivo de la MUD y cabeza en los diálogos con el chavismo, Ramón Aveledo, rechazan acompañar esa vía, aunque apoyan las protestas pacíficas.

No obstante, Oropeza descarta por ahora una "fractura" de la MUD y ve como "naturales las diferencias" en una coalición conformada por 32 partidos con ideologías que van desde marxista-leninistas, socialdemócratas a social-cristianos, y liberales de derecha y extrema derecha.

"Leopoldo y Machado no están con el diálogo, pero siguen en la MUD", agrega el analista.

En un esfuerzo por mantener la cohesión de la oposición, Aveledo y Capriles defienden constantemente la liberación de López -líder del partido Voluntad Popular-, de dos alcaldes opositores y el emblemático excomisario Iván Simonovis, preso hace 10 años y acusado de homicidio durante el breve golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002.

- Urgen los resultados -

En medio de una crispación social y política como la que vive Venezuela, los analistas consideran que para que el diálogo tenga éxito se necesitan resultados a corto plazo.

Lejos de facilitar el camino, el gobierno ordenó allanamientos a opositores y lanzó nuevas acusaciones contra varios de ellos, de conspirar en alianza con Estados Unidos para promover un golpe de estado con las manifestaciones.

El jueves, ordenó desalojar cuatro campamentos de jóvenes opositores en Caracas y detener por varios días a cientos de ellos, lo cual desencadenó una serie de disturbios que terminaron con otro policía muerto.

"Esas son señales de intransigencia, de escasa voluntad de ceder, lo que representa un aumento de los obstáculos para que la oposición permanezca en las mesas", opinó Magdaleno.

De un lado, la oposición "tiene el desafío de exhibir resultados para justificar su permanencia" en el diálogo, dice Oropeza. De otro, el gobierno procura evitar roces con el ala dura del chavismo, vigilante de que los acuerdos no permitan "la impunidad" de los opositores.

Pero las decisiones concretas se harán esperar. El pasado miércoles, gobierno y oposición postergaron su quinta reunión.

Aun está pendiente la revisión -caso por caso- de la situación de los opositores detenidos (como alternativa a la amnistía) y conformar una comisión de la verdad que investigue los 145 casos de violaciones de los derechos humanos en las protestas.