Como desplazados "nos tocó lucharla (...) para poder sobrevivir", dice a AFP este campesino de 51 años en su finca en Trujillo, unos 120 km al suroeste de Cali, desde donde salió perseguido en 1998 por el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista) y en 2005 por milicias irregulares de extrema derecha.
Ahora esa "gente necesita también salirse de grupos (armados) para poder trabajar y subsistir. Además que la vida armada no debe ser muy buena", apunta sobre la reincorporación a la sociedad de excombatientes tras el proceso de paz que el gobierno avanza con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), y los anunciados diálogos con el ELN, segunda guerrilla del país.
Como Ferney, miles de víctimas del conflicto armado de más de medio siglo en Colombia se alistan para reencontrarse con sus agresores, esta vez sin armas.
"De pronto con la firma de la paz no tenemos que volver a preocuparnos de esos grupos", afirma Santa, quien se declara dispuesto a convivir con los reinsertados. "Desde que ellos estén con ganas de trabajar, uno también trabajaría con ellos", asegura.
"Que no se vuelva a repetir lo que vivimos en ese tiempo (...) pero ellos merecen una segunda oportunidad", coincide Alba Santa, también desplazada por la violencia y vecina de Ferney, aunque no pariente suya.
Esta campesina de 62 años debió huir con su familia en 1990 y quedarse donde un primo en un municipio a 150 km de sus predios tras amenazas de grupos paramilitares, surgidos en los años 1980 para combatir a los rebeldes y desmovilizados hace una década.
Nos acusaron "dizque de ayudarle a la guerrilla", relata con indignación, al rememorar cómo al principio no hicieron caso a las intimidaciones, pero se las tomaron en serio cuando "empezaron a desaparecer gente".
"Nosotros sentimos mucho miedo y todo, pero no tenemos tanta venganza con ellos porque no nos desaparecieron a la familia", añade.
 

- Razones para desconfiar -

 
Para el director de la estatal Unidad de Restitución de Tierras (URT), Ricardo Sabogal, los desplazados "tienen razón" para sentir desconfianza con los excombatientes o con el Estado, pues se sintieron desprotegidos "y por eso los victimizaron".
"Usted puede hacer el esfuerzo militar más grande del mundo, pero si usted no logra generarle un activo, un ingreso a esas familias, esos hijos son muy fácilmente enganchables en expresiones ilegales. Lo que determina que nunca más eso va a pasar (...) es generando un ingreso sostenible, una vivienda, una titulación", asegura a AFP.
Ferney y Alba engrosan la lista de víctimas de desplazamiento interno en Colombia, que hoy suma 6,9 millones, el mayor número del mundo, según la ONU.
Pero sus casos no son aislados en esta región del Valle del Cauca, azotada por el conflicto armado desde finales de 1980 y hasta mediados de 2013, por ser un "corredor estratégico" para el tráfico de drogas que ha financiado a los rebeldes.
Así lo indica a AFP el teniente coronel William Fernando Caicedo, comandante del Batallón del Ejército encargado de esa zona, a la que califica de "libre de grupos armados".
En el Valle del Cauca, donde desde 1985 a 2016 al menos 328.000 personas fueron desplazadas por la guerra interna, la URT ha devuelto a sus propietarios 7.200 hectáreas, de 189.036 que tienen sentencia restitutiva en todo el país.
"Todo está muy sano y ya no se ven grupos armados", dice Alba, quien antes cultivaba café y ahora añadió la ganadería y piscicultura tras el acompañamiento de la URT, que les tituló sus predios y les otorgó créditos para proyectos productivos.
La campesina recuerda con temor las épocas de miedo y zozobra, pero le cuesta disimular la esperanza cuando le nombran los tiempos de paz que pueden venir. "Ya puede ser que Dios quiera que no 'haiga' más guerra, que se acabe el conflicto armado", sostiene.