Víctimas, pulsos y reparaciones
El Nuevo Siglo, Colombia
No deja de ser paradójico que mientras en el Congreso atraviesa un duro y accidentado último debate el proyecto de ley marco para la reparación de las víctimas de la violencia, el Gobierno, a su turno, esté adelantando un proceso para hacer lo propio, pero con base en el Decreto 1290 que establece dicho procedimiento por vía administrativa.
Cualquier observador desaprensivo llamaría la atención sobre esa extraña circunstancia, más aún cuando en el Parlamento ha sido el Ejecutivo el que más peros y condicionamientos ha puesto al proyecto de ley, al tiempo que los impulsores de la versión inicial de este último han urgido al Gobierno que derogue el aludido decreto.
Más allá de la politización que rodea el debate a la iniciativa en todo su trámite y que es más evidente ahora en la plenaria del Senado, lo cierto es que los argumentos de lado y lado no vislumbran la posibilidad de un acuerdo. Para quienes defienden la iniciativa original, los cambios introducidos por el Gobierno y sus mayorías parlamentarias no sólo incumplen los cánones internacionales sobre mecanismos integrales de resarcimiento a los afectados por la violencia derivada de conflictos armados, sino que discriminan a las víctimas de agentes aislados del Estado y tampoco cumplen con los principios básicos de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, tanto individual como colectiva. Por lo mismo, al fallar en su intento de archivo del proyecto en la plenaria del Senado, ahora aseguran que la eventual ley no pasará la revisión de exequibilidad de la Corte Constitucional, cuya jurisprudencia sobre lo que es e implica la reparación integral a las víctimas fija senderos institucionales que la iniciativa que apoya el Gobierno desconoce.
El Ejecutivo, por el contrario, reitera que no existe tal riesgo de inexequibilidad y que a lo largo de los cuatro debates ha cedido todo lo que constitucional, legal e incluso fiscalmente puede. También alega que en los casos de víctimas de atropellos cometidos por agentes aislados del Estado, la reparación está prevista pero que se requiere obligatoriamente la existencia de una condena judicial en firme.
Sin embargo, este pulso sólo será dilucido por la Corte Constitucional y para ello faltan varios meses.
Por ahora la norma que rige es el Decreto 1290 y las cifras que el naciente proceso arroja sorprenden y preocupan. Según las estadísticas de la Agencia Presidencial Acción Social hasta el pasado 20 de mayo se presentaron 226 mil solicitudes por víctimas de hechos violentos. De este total, 199 mil corresponden a hombres y 26 mil a mujeres. Antioquia es la mayor receptora de solicitudes, con 66 mil, seguida de Urabá, con 14 mil, y Valle del Cauca, con 13 mil. En Bogotá la cifra se eleva a 22 mil. Como es apenas obvio, el homicidio se constituye en el delito con mayor número de solicitudes, con 171 mil, seguido del de desaparición forzada, con casi 30 mil.
Este proceso cobra aún más relevancia ya que antes de finalizar el presente mes, el Gobierno otorgará las primeras indemnizaciones.
De acuerdo con el cronograma oficial, inicialmente serán beneficiados los afectados por la explosión de minas antipersona y menores reclutados forzosamente por grupos ilegales. Y luego, en orden cronológico, las solicitudes de reparación por hechos confesados ante las unidades de Justicia y Paz de la Fiscalía, y las solicitudes de los familiares de víctimas encontradas en fosas comunes. Los cálculos preliminares hablan de reparar en esta primera etapa a más de 10 mil familias con un presupuesto de 200 mil millones de pesos.
No es una tarea fácil. De un lado, porque la cantidad de víctimas es muy superior a la que hasta el momento ha registrado su solicitud. Por otra parte, está el riesgo de que muchos avivatos traten de colarse para hacerse acreedores a beneficios que no les corresponden. Por igual, la controversia sobre el monto económico reconocido no para, así como la discusión sobre por qué el Estado terminó asumiendo, con cargo mayoritariamente al erario, una labor que, se supone, sufragarían los victimarios, cuyas confesiones y entrega de bienes son, por ahora, ínfimas, pese a las prebendas penales y penitenciarias que Justicia y Paz les otorga. Tampoco están claros los procedimientos para recuperar los millones de hectáreas de tierra arrebatadas a sangre y fuego a los campesinos y desplazados, así como las particularidades para resarcir a las víctimas por enfoque diferencial, es decir, étnias, mujeres, menores y otros.
Como se ve, más allá del decreto y la eventual ley marco, en materia de reparación de víctimas de la violencia lo único claro es que, precisamente, no hay nada claro.
Más allá de la politización que rodea el debate a la iniciativa en todo su trámite y que es más evidente ahora en la plenaria del Senado, lo cierto es que los argumentos de lado y lado no vislumbran la posibilidad de un acuerdo. Para quienes defienden la iniciativa original, los cambios introducidos por el Gobierno y sus mayorías parlamentarias no sólo incumplen los cánones internacionales sobre mecanismos integrales de resarcimiento a los afectados por la violencia derivada de conflictos armados, sino que discriminan a las víctimas de agentes aislados del Estado y tampoco cumplen con los principios básicos de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, tanto individual como colectiva. Por lo mismo, al fallar en su intento de archivo del proyecto en la plenaria del Senado, ahora aseguran que la eventual ley no pasará la revisión de exequibilidad de la Corte Constitucional, cuya jurisprudencia sobre lo que es e implica la reparación integral a las víctimas fija senderos institucionales que la iniciativa que apoya el Gobierno desconoce.
El Ejecutivo, por el contrario, reitera que no existe tal riesgo de inexequibilidad y que a lo largo de los cuatro debates ha cedido todo lo que constitucional, legal e incluso fiscalmente puede. También alega que en los casos de víctimas de atropellos cometidos por agentes aislados del Estado, la reparación está prevista pero que se requiere obligatoriamente la existencia de una condena judicial en firme.
Sin embargo, este pulso sólo será dilucido por la Corte Constitucional y para ello faltan varios meses.
Por ahora la norma que rige es el Decreto 1290 y las cifras que el naciente proceso arroja sorprenden y preocupan. Según las estadísticas de la Agencia Presidencial Acción Social hasta el pasado 20 de mayo se presentaron 226 mil solicitudes por víctimas de hechos violentos. De este total, 199 mil corresponden a hombres y 26 mil a mujeres. Antioquia es la mayor receptora de solicitudes, con 66 mil, seguida de Urabá, con 14 mil, y Valle del Cauca, con 13 mil. En Bogotá la cifra se eleva a 22 mil. Como es apenas obvio, el homicidio se constituye en el delito con mayor número de solicitudes, con 171 mil, seguido del de desaparición forzada, con casi 30 mil.
Este proceso cobra aún más relevancia ya que antes de finalizar el presente mes, el Gobierno otorgará las primeras indemnizaciones.
De acuerdo con el cronograma oficial, inicialmente serán beneficiados los afectados por la explosión de minas antipersona y menores reclutados forzosamente por grupos ilegales. Y luego, en orden cronológico, las solicitudes de reparación por hechos confesados ante las unidades de Justicia y Paz de la Fiscalía, y las solicitudes de los familiares de víctimas encontradas en fosas comunes. Los cálculos preliminares hablan de reparar en esta primera etapa a más de 10 mil familias con un presupuesto de 200 mil millones de pesos.
No es una tarea fácil. De un lado, porque la cantidad de víctimas es muy superior a la que hasta el momento ha registrado su solicitud. Por otra parte, está el riesgo de que muchos avivatos traten de colarse para hacerse acreedores a beneficios que no les corresponden. Por igual, la controversia sobre el monto económico reconocido no para, así como la discusión sobre por qué el Estado terminó asumiendo, con cargo mayoritariamente al erario, una labor que, se supone, sufragarían los victimarios, cuyas confesiones y entrega de bienes son, por ahora, ínfimas, pese a las prebendas penales y penitenciarias que Justicia y Paz les otorga. Tampoco están claros los procedimientos para recuperar los millones de hectáreas de tierra arrebatadas a sangre y fuego a los campesinos y desplazados, así como las particularidades para resarcir a las víctimas por enfoque diferencial, es decir, étnias, mujeres, menores y otros.
Como se ve, más allá del decreto y la eventual ley marco, en materia de reparación de víctimas de la violencia lo único claro es que, precisamente, no hay nada claro.