Gómez Mont señaló también que las operaciones de los últimos días en Cuernavaca realizadas por la Marina son resultado de tres años de labores de inteligencia; sin embargo, la misma noche de los sucesos el vocero de la Secretaría de Marina dijo, ante los medios, que la narcoposada del viernes 11 de diciembre fue en Limones (sic) en Tepoztlán (sic) en lugar de decir Los Limoneros, en Ahuatepec, Cuernavaca. ¿Así funcionan los órganos de inteligencia de la Marina? ¿Qué otras imprecisiones habrá a pesar de tres años de labores de inteligencia? El vocero dijo también que habían muerto civiles no identificados, y varios periódicos ya habían señalado que la señora Patricia Terroba de Pintado, quien salía de su casa en la madrugada para atender una emergencia familiar, fue asesinada de un balazo. Se presume, por el lugar de su domicilio y los agujeros en su carro, que las balas tuvieron su origen en las filas de los marinos y no de los narcotraficantes pachangueros. ¿Ya se investigó este asesinato, o simplemente se trata de un lástima Margarito, la señora estaba en el lugar y el momento equivocados? ¿Su esposo y sus hijos se conformarán con eso? ¿A quién recurren para demandar justicia y contra quién? ¿Se trata de verdad de una guerra? Si es el caso, ¿se cumplen los requisitos estipulados internacionalmente para las guerras? Aun aceptando que realmente es una guerra, ¿el trato dado al cadáver de Arturo Beltrán Leyva (semidesnudarlo y cubrirlo de billetes y un rosario ensangrentados) es propio de militares con sus víctimas? ¿La golpiza que recibieron los presentados en la televisión, uno de ellos detenido por el cuello por un soldado o marino, para que no se derrumbara, es parte del protocolo de guerra? El secretario de Gobernación, en su declaración del viernes pasado, sugiere que lo del cuerpo cubierto con billetes fue responsabilidad de los servicios forenses de Morelos. Puede ser, ¿y dónde estaban los marinos encargados de la operación? Según las fotografías publicadas, ahí estaban mientras unos individuos vestidos de civil manipulaban los cadáveres como para enviarles un mensaje a otros narcotraficantes, igual que hacen éstos con sus víctimas, sean civiles, policiacas o militares. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista de los derechos humanos?
Según entiendo de leyes, la guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado no es legal, por muy justificada que pueda ser desde el punto de vista de seguridad nacional o de protección de la salud de los mexicanos (que por cierto no ha funcionado pues ha aumentado el número de consumidores de drogas). Pero, además, si se trata de presuntos delincuentes tendría que ser la Procuraduría General de la República (PGR) la que actuara, un juez el que dictara las órdenes de cateo y, desde luego, un juicio para establecer si son culpables y, en caso de serlo, meterlos en la cárcel y no dispararles como si las fuerzas del orden fueran otro cártel de drogas o sicarios contratados por la CIA para actuar en un país del cuarto mundo.
Los narcotraficantes son indefendibles desde cualquier punto de vista, pero lo que está haciendo el gobierno de Calderón no tiene justificación. Se está violando el estado de derecho, se está militarizando el país, la Policía Federal Ministerial, dependiente de la PGR, se le da al almirante Wilfrido Robledo, encargado en el estado de México de la operación contra los de Atenco en mayo de 2006, y lo que han logrado es que veamos como casi normal (y con miedo) que los soldados, del Ejército o de la Marina, patrullen nuestras calles, detengan nuestros automóviles y que puedan acribillarnos si, gracias a las labores de inteligencia, descubren o suponen que enfrente hay presuntos delincuentes que serán tratados como soldados enemigos, es decir, dispararles a matar en lugar de detenerlos y entregarlos a la PGR, como debería de ser, es decir si actuaran como coadyuvantes de esta dependencia. Ni las formas se respetan.
Cuando el secretario de Gobernación señaló que con el personal de la Armada de México se preservó el secreto y evitó la filtración de información, lo que está diciendo, entre líneas, es que las otras fuerzas militares o policiacas no son confiables, pues si hay riesgo de que se filtre información esto significa que hay infiltrados de los cárteles o personal comprado por éstos en los ámbitos de gobierno. Proceso (número 1729), en nota de Ricardo Ravelo, reseñó que “el día del ataque el llamado Jefe de jefes esperaba a comer en su departamento nada menos que al comandante de la 24 Zona Militar con sede en Cuernavaca”. La pregunta que me brinca de inmediato es ¿por qué el gobierno no comenzó su guerra depurando sus filas y luego, ya limpias y con personal de confianza, perseguir a los delincuentes?
La primera plana de La Jornada Morelos del sábado pasado señalaba con letras grandes: Psicosis en Morelos y tenía razón. Lo primero que se encontraban los paseantes de fin de semana que entraban a Cuernavaca eran retenes militares, y la gente teme balaceras, más operativos, retenciones arbitrarias (no apegadas a derecho), violación de varios artículos constitucionales, comenzando con el 16 y el 20, y sustitución de la policía por la milicia, como si estuviéramos viviendo bajo una dictadura o en un Estado de excepción (no aprobado por el Congreso de la Unión, por cierto).
Sería conveniente que Calderón entienda que, gracias a él y su guerra, ahora da miedo salir a la calle y ya no sabemos en quién confiar como supuestos protectores de la sociedad.
PD: ¿Por qué mataron a la familia del marino Angulo Córdova? Porque dieron su nombre y subestimaron la capacidad de reacción de los narcos. Otro efecto de una guerra sin planeación.

Octavio Rodríguez Araujo