"El presidente de la República disolvió el Gobierno y lo dejó a cargo de los asuntos corrientes hasta la formación del nuevo ejecutivo", afirmó la agencia de noticias estatal Saba.
A la larga lista de desertores del régimen en protesta por la violencia para acallar las voces que piden desde finales de enero la renuncia del presidente, cada vez más acorralado, se habían sumado este domingo la ministra de Derechos Humanos, Huda al Baan, y el embajador ante Naciones Unidas, Abdalá al Saidi.
En la calle, el cortejo que escoltó hasta el cementerio los cuerpos de varios de los 52 manifestantes muertos el viernes, sobre la avenida y las calles de la Plaza de la Universidad, epicentro de las protestas, fue el mayor congregado hasta ahora en la capital yemení.
La matanza, atribuida a partidarios del régimen, marcó la jornada más sangrienta desde el inicio de las protestas contra el presidente Saleh en la única república de la Península Arábiga, aliada de Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo.
"La sangre de los mártires no se habrá derramado en vano", gritaba la multitud, en un ambiente tenso, que seguía la procesión de ataúdes cargados a hombros por jóvenes.
"Fue el presidente quien dio la orden de disparar", aseguró uno de los manifestantes, Ahmed, quien no cree la versión oficial de que no fueron las fuerzas de seguridad las autoras de la matanza.
El presidente lamentó la muerte de los manifestantes y decretó un día de duelo para los funerales, sin por ello calmar el resentimiento de los opositores que piensan que el poder intentó poner fin de una vez por todas a la sentada permanente en la plaza de la Universidad.
Todos los dirigentes de la oposición, así como los diputados independientes y los representantes de la sociedad civil participaron en las exequias.
Esta "masacre", según la oposición, sigue siendo la causa de que muchos hayan decidido abandonar el barco del poder.
A la dimisión de la titular de Derechos Humanos, que también renunció al partido en el poder, el Congreso Popular General (CPG), y del embajador ante la ONU, se suman la del subsecretario del ministerio de Derechos Humanos, Alí Taysir, y de la diplomática que se perfilaba como embajadora en Marruecos, Jamila Raja.
El viernes, lo habían hecho el ministro de Turismo, Nabil al Faqih, y antes, el de Wakfs (Bienes religiosos) Hamud al Hattar.
Asimismo, 23 diputados han dimitido del partido en el poder, que cuenta con 170 de los 301 escaños del Parlamento.
Las autoridades religiosas y los jefes de tribu, pilares del poder, pidieron en un comunicado a los miembros de las fuerzas del orden que no obedezcan las órdenes de disparar contra los manifestantes y responsabilizaron al presidente de la "masacre" del viernes.
También han pedido la retirada de la guardia republicana, cuerpo de élite del ejército, de Saná y el desmantelamiento de la seguridad pública, la policía del régimen, mientras las manifestaciones proseguían en el país pese al estado de emergencia decretado el viernes.
La unión de escritores manifestó su indignación por el "espectáculo de muertos" y responsabilizó al régimen, al tiempo que instaron a los yemeníes a unirse ante un "poder que ha perdido toda legitimidad".
El empresariado, que rara vez ha tomado abiertamente posición sobre los asuntos políticos, también se ha sumado a las críticas. La Unión de Cámaras de Comercio y de Industria denunció el clima de "corrupción y de nepotismo que no favorece los negocios".