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"Arabia saudí ha fracasado totalmente en el cumplimiento de sus promesas de remediar la situación desastrosa de los derechos humanos", hechas en la reunión de 2009 del grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos encargado del Examen periódico universal, escribe Amnistía en un comunicado.
"Las autoridades saudíes no han logrado aplicar ninguna de las principales recomendaciones para mejorar la situación en el país", añade la organización de defensa de los derechos humanos.
"Dichas autoridades no sólo no han actuado, sino que han aumentado la represión", acusa el director de Amnistía para Cercano Oriente y Norte de África, Philip Luther, citado en el comunicado.
La organización indica que sometió a la reunión de Ginebra una contribución sobre "la represión actual, incluyendo detenciones y encarcelaciones arbitrarias, procesos injustos, tortura y malos tratos" en el rico país petrolero.
"La comunidad internacional debe pedir cuentas por todos los militantes pacíficos arbitrariamente detenidos, torturados o encarcelados en Arabia Saudí", subraya Luther.
Amnistía cita el caso de los dos fundadores de la Asociación saudí para los Derechos Cívicos y Políticos (ACPRA), Abdala al Hamed y Mohamed al Qahtani, condenados el 9 de marzo a 10 y 11 años de cárcel, más la prohibición de salir luego del país otros 10 años.
"Son presos de opinión. Deben ser liberados inmediatamente y sin condiciones. Su militancia pacífica contra las violaciones de los derechos humanos merece ser saludada, no castigada. El único culpable aquí es el Gobierno", estima Luther.
Además de "la tortura y los malos tratos en detención, una práctica corriente realizada con impunidad", Amnistía denuncia también "la discriminación sistemática de las mujeres". En el reino saudí, "requieren el permiso de un tutor de sexo masculino antes de contraer matrimonio, viajar, someterse a ciertas intervenciones quirúrgicas, aceptar un empleo remunerado o matricularse en la universidad", de igual modo que tienen prohibido conducir.
La organización denuncia asimismo "los abusos contra los trabajadores extranjeros (...), que no están protegidos por el código del trabajo y son vulnerables a la explotación", y estigmatiza "la discriminación" de la minoría chiita, cuyos miembros son objeto de "detenciones y encarcelaciones arbitrarias bajo sospecha de participar o apoyar manifestaciones o expresar opiniones críticas con el Estado".
Por otra parte, agrega, "Arabia Saudí sigue siendo uno de los cinco primeros países del mundo en la ejecución de la pena capital, aplicada a un amplio abanico de delitos no letales como el adulterio, robo a mano armada, apostasía, narcotráfico, secuestros, violaciones y brujería".
"Los castigos corporales se utilizan mucho en Arabia Saudí, incluyendo la flagelación y la amputación", concluye Amnistía Internacional en su comunicado.
