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Política
Los militares sentenciados por las ejecuciones.
La jueza penal Floleri González, de la ciudad de Bucaramanga (400 kms al noreste de Bogotá), impuso la sentencia por los delitos de doble homicidio agravado, doble desaparición forzada agravada, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.
Al teniente del Ejército Eduard Villany y al sargento Jesús Niampira se les impuso una pena de 55 años de prisión; al coronel Wilson Castro y al soldado Juan Álvarez una de 54 años; al soldado Guillermo Pacheco una de 29 años, y a los soldados Nelson Ospina, Benancio Puentes y Germán Oliveros otra de 28 años.
La Fiscalía había pedido la pena máxima contemplada en Colombia, de 60 años de cárcel.
La jueza ordenó purgar las penas en un centro carcelario dentro de una guarnición militar.
Los ocho militares, responsables de la ejecución extrajudicial de Andrés Pesca y Eduardo Garzón habían sido declarados culpables por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada el pasado 3 de junio.
Kelly Ruiz, viuda de Pesca, y Ana Adelina Páez, madre de Garzón, presentes en la audiencia, abogaron porque las penas sean purgadas en cárceles ordinarias y no militares, e instaron a que los condenados hagan una "reparación simbólica" y "limpien el nombre, con una retractación formal" sobre sus familiares.
"Aceptamos la condena, aunque no nos devolverán a nuestros hijos. Exigimos una cárcel ordinaria", dijo Páez a la AFP.
La sentencia fue dictada en una audiencia pública en ausencia de los militares condenados y en una jornada caracterizada por interrupciones a causa de cambios de sala y recesos que terminó entrada la noche.
Esta es la primera sentencia que la justicia civil imparte por el caso de los llamados "falsos positivos de Soacha", un barrio marginal de la periferia de Bogotá del que 17 jóvenes desaparecieron en 2008.
Posteriormente se descubrió que los jóvenes habían sido llevados con falsas promesas de trabajo a apartadas zonas de Colombia, donde fueron ejecutados y luego vestidos con uniformes guerrilleros y mostrados con armas para aparentar que se trataba de rebeldes abatidos en combate.
El caso de los jóvenes de Soacha permitió descubrir una práctica de parte de militares que buscaban mostrar buenos resultados en la lucha antiguerrillera para obtener a cambio prebendas, como felicitaciones y días francos.
La Fiscalía colombiana investiga actualmente 1.486 denuncias de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (DIH) que habrían cometido miembros de la fuerza pública en medio del conflicto armado de casi medio siglo en Colombia.
Hasta ahora la justicia ha proferido unas 130 sentencias condenatorias, con más de 350 uniformados sentenciados por esas violaciones, y han sido identificadas 2.701 víctimas.
La condena más alta en estos casos de "falsos positivos", de 60 años de prisión, fue emitida el pasado 6 de julio contra ocho militares por el crimen de cuatro campesinos el 14 de marzo de 2006.
Al teniente del Ejército Eduard Villany y al sargento Jesús Niampira se les impuso una pena de 55 años de prisión; al coronel Wilson Castro y al soldado Juan Álvarez una de 54 años; al soldado Guillermo Pacheco una de 29 años, y a los soldados Nelson Ospina, Benancio Puentes y Germán Oliveros otra de 28 años.
La Fiscalía había pedido la pena máxima contemplada en Colombia, de 60 años de cárcel.
La jueza ordenó purgar las penas en un centro carcelario dentro de una guarnición militar.
Los ocho militares, responsables de la ejecución extrajudicial de Andrés Pesca y Eduardo Garzón habían sido declarados culpables por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada el pasado 3 de junio.
Kelly Ruiz, viuda de Pesca, y Ana Adelina Páez, madre de Garzón, presentes en la audiencia, abogaron porque las penas sean purgadas en cárceles ordinarias y no militares, e instaron a que los condenados hagan una "reparación simbólica" y "limpien el nombre, con una retractación formal" sobre sus familiares.
"Aceptamos la condena, aunque no nos devolverán a nuestros hijos. Exigimos una cárcel ordinaria", dijo Páez a la AFP.
La sentencia fue dictada en una audiencia pública en ausencia de los militares condenados y en una jornada caracterizada por interrupciones a causa de cambios de sala y recesos que terminó entrada la noche.
Esta es la primera sentencia que la justicia civil imparte por el caso de los llamados "falsos positivos de Soacha", un barrio marginal de la periferia de Bogotá del que 17 jóvenes desaparecieron en 2008.
Posteriormente se descubrió que los jóvenes habían sido llevados con falsas promesas de trabajo a apartadas zonas de Colombia, donde fueron ejecutados y luego vestidos con uniformes guerrilleros y mostrados con armas para aparentar que se trataba de rebeldes abatidos en combate.
El caso de los jóvenes de Soacha permitió descubrir una práctica de parte de militares que buscaban mostrar buenos resultados en la lucha antiguerrillera para obtener a cambio prebendas, como felicitaciones y días francos.
La Fiscalía colombiana investiga actualmente 1.486 denuncias de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (DIH) que habrían cometido miembros de la fuerza pública en medio del conflicto armado de casi medio siglo en Colombia.
Hasta ahora la justicia ha proferido unas 130 sentencias condenatorias, con más de 350 uniformados sentenciados por esas violaciones, y han sido identificadas 2.701 víctimas.
La condena más alta en estos casos de "falsos positivos", de 60 años de prisión, fue emitida el pasado 6 de julio contra ocho militares por el crimen de cuatro campesinos el 14 de marzo de 2006.
