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Política
Inmediatamente tras el anuncio de la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, declaró que "la política penintenciaria del gobierno no va a cambiar" y que "el gobierno no ha negociado ni negociará con ETA".
El gobierno conservador español de Mariano Rajoy reafirmaba así la línea que mantiene desde su llegada al poder, a finales de 2011, sólo unas semanas antes del anuncio, el 20 de octubre de 2011, de que ETA renunciaba a la violencia tras 40 años de atentados por la independencia del País Vasco y Navarra.
Considerado responsable de la muerte de 829 personas, el grupo armado rechaza, no obstante, entregar las armas y disolverse, como le exigen España y Francia.
Principal punto de bloqueo para ETA: el rechazo de estos dos países a negociar la suerte de unos 600 presos recluidos en cárceles españolas y francesas.
El actual gobierno español mantiene una política penintenciaria controvertida, aplicada por sus predecesores tanto de izquierda como de derecha, que consiste en enviar a estos presos a cárceles situadas a cientos, incluso miles de kilómetros del País Vasco.
Pero, a pesar de la firmeza mostrada por Madrid, la decisión del TEDH ha vuelto a poner a los presos de ETA en el centro del debate político.
La izquierda independentista radical vasca, segunda fuerza política regional, expresó el deseo que el gobierno español inicie "un giro positivo" en su política penitenciaria.
El gobierno nacionalista conservador del País Vasco, por medio de su portavoz, Josu Erkoreka, también llamó al gobierno de Mariano Rajoy a comenzar "una nueva etapa en el ámbito de la política penitenciaria".
Y aunque Madrid afirma que no piensa revisar su política, la puerta está ahora abierta, con la decisión del TEDH, a la petición de liberación de 54 presos de ETA.
El fallo de Estrasburgo "permite mover una situación que estaba completamente bloqueada desde el 20 de octubre de 2011", dice Gorka Landaburu, director del semanario Cambio 16.
ETA "dio el primer paso con su comunicado hace dos años", anunciando el fin de la violencia, pero desde entonces, esa organización "no se ha movido", señala.
En cuanto al gobierno de Rajoy, "no ha hecho ningún gesto para consolidar el proceso para el fin de la violencia y el terrorismo", añade el periodista, que fue víctima de un atentado de ETA en 2001.
La decisión de Estrasburgo debería "permitir acelerar el movimiento hacia una mayor flexibilidad" de la política penitenciaria y "obligar a ETA a tomar una decisión definitiva sobre su disolución", considera Landaburu.
Recibida con gran satisfacción este lunes por la izquierda independentista radical vasca, la decisión del TEDH es "un triunfo político y un triunfo moral para los presos" de ETA, "temporalmente al menos", destaca Florencio Domínguez, director de la agencia de información Vasco Press.
Tras dos años sin avances, los presos "llevan un periodo largo de desmoralización, de malestar, porque no se había cambiado la política penitenciaria", subraya.
No obstante, no hay que esperar una puesta en libertad masiva o rápida de los presos de ETA, advierten ambos analistas.
"Todavía queda un largo camino por recorrer", reconoce Landaburu, quien cree que "el gobierno todavía tiene que digerir esta información y ver qué respuesta le da". De todos modos, se trata de una avance "importante", asegura.
