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José Antonio Zúñiga
"Yo no sabía nada. A mí me agarran, me meten en el auto, me dicen 'tú fuiste', y ya", dice el joven mexicano José Antonio Zúñiga, aguantando las lágrimas tras las rejas, al inicio del documental 'Presunto culpable' (2009).
El resto de la película, que se estrena la próxima semana en México, radiografía la burda y escalofriante conversión del humilde comerciante Zúñiga en asesino, construida por la policía de Ciudad de México y avalada por el juez ante las cámaras.
"En México son muy frecuentes las pruebas prefabricadas. Una vez que la fiscalía generó la historia, con tortura o con pruebas hechas por ellos mismos, se arma el expediente y frecuentemente se llega a la condena", explicó a la AFP Guillermo Zepeda, experto en política penitenciaria y consultor del proyecto 'Justice Iniciative' de la Fundación Open Society, del magnate George Soros.
"En México de cada 10 personas que son presentadas ante un juez, 9 entran en proceso y sólo una es liberada", detalló el especialista.
Los mexicanos Roberto Hernández y Layda Negrete, una pareja de estudiantes de Doctorado en la Universidad de Berkeley (California), lograron que el caso de Zúñiga fuera una de esas excepciones pero sólo tras una batalla judicial que el espectador puede contemplar de manera inédita en México.
Las cámaras dan luz sobre un sistema anquilosado, en el que los juicios son a puerta cerrada y usualmente ni siquiera está presente el juez, sino funcionarios de menor jerarquía. El acusado es quien debe probar su inocencia y desmontar la acusación.
En el caso de Zúñiga, fue condenado a 20 años de prisión a pesar de que en la película se ve cómo el presunto testigo del crimen, el único recurso de la acusación, se retracta de su testimonio al final del juicio.
Zúñiga "fue preso sólo porque alguien lo señaló con el dedo en la calle. Esto prueba que el sistema de justicia mexicano es como una lotería y a todos nos podrían señalar", dijo en una rueda de prensa el jueves Roberto Hernández, codirector del film.
Negrete explicó a la AFP que la policía capitalina "recolecta rentas (sobornos), que comparten con sus superiores, vendiendo protección al crimen organizado o deteniendo a alguien y poniendo a la venta su libertad a nivel de calle" como intentaron con Zúñiga, quien no supo reaccionar a la extorsión.
Varios casos públicos han puesto en tela de juicio el funcionamiento del sistema penal mexicano, entre ellos la condena a más de 20 años de prisión de tres mujeres indígenas acusadas de secuestrar a seis policías de élite y que finalmente fueron liberadas en 2009 y 2010 por la Corte Suprema.
El jueves el gobierno de Francia criticó con dureza a un tribunal mexicano por ratificar la condena de 60 años de cárcel por secuestro a la francesa Florence Cassez, a quien el gobierno mexicano considera culpable de ese delito.
México se encuentra en proceso de aplicación de una reforma penal de la Constitución aprobada en 2008 que consagra explícitamente el derecho a la presunción de inocencia y la oralidad y apertura de los juicios.
Hernández y Negrete buscan afianzar la reforma con su película, que costó unos 820.000 dólares y ha ganado una quincena de premios internacionales.
Varias autoridades como Marcelo Ebrard, alcalde capitalino, se han acercado a ellos tras visionar el material.
Negrete sostiene que en estas reuniones "el reto es no sumir a los políticos en la desesperación de que tienen un sistema terrible sino capturar su imaginación para darle la vuelta. Es su trabajo y pueden hacerlo".
El resto de la película, que se estrena la próxima semana en México, radiografía la burda y escalofriante conversión del humilde comerciante Zúñiga en asesino, construida por la policía de Ciudad de México y avalada por el juez ante las cámaras.
"En México son muy frecuentes las pruebas prefabricadas. Una vez que la fiscalía generó la historia, con tortura o con pruebas hechas por ellos mismos, se arma el expediente y frecuentemente se llega a la condena", explicó a la AFP Guillermo Zepeda, experto en política penitenciaria y consultor del proyecto 'Justice Iniciative' de la Fundación Open Society, del magnate George Soros.
"En México de cada 10 personas que son presentadas ante un juez, 9 entran en proceso y sólo una es liberada", detalló el especialista.
Los mexicanos Roberto Hernández y Layda Negrete, una pareja de estudiantes de Doctorado en la Universidad de Berkeley (California), lograron que el caso de Zúñiga fuera una de esas excepciones pero sólo tras una batalla judicial que el espectador puede contemplar de manera inédita en México.
Las cámaras dan luz sobre un sistema anquilosado, en el que los juicios son a puerta cerrada y usualmente ni siquiera está presente el juez, sino funcionarios de menor jerarquía. El acusado es quien debe probar su inocencia y desmontar la acusación.
En el caso de Zúñiga, fue condenado a 20 años de prisión a pesar de que en la película se ve cómo el presunto testigo del crimen, el único recurso de la acusación, se retracta de su testimonio al final del juicio.
Zúñiga "fue preso sólo porque alguien lo señaló con el dedo en la calle. Esto prueba que el sistema de justicia mexicano es como una lotería y a todos nos podrían señalar", dijo en una rueda de prensa el jueves Roberto Hernández, codirector del film.
Negrete explicó a la AFP que la policía capitalina "recolecta rentas (sobornos), que comparten con sus superiores, vendiendo protección al crimen organizado o deteniendo a alguien y poniendo a la venta su libertad a nivel de calle" como intentaron con Zúñiga, quien no supo reaccionar a la extorsión.
Varios casos públicos han puesto en tela de juicio el funcionamiento del sistema penal mexicano, entre ellos la condena a más de 20 años de prisión de tres mujeres indígenas acusadas de secuestrar a seis policías de élite y que finalmente fueron liberadas en 2009 y 2010 por la Corte Suprema.
El jueves el gobierno de Francia criticó con dureza a un tribunal mexicano por ratificar la condena de 60 años de cárcel por secuestro a la francesa Florence Cassez, a quien el gobierno mexicano considera culpable de ese delito.
México se encuentra en proceso de aplicación de una reforma penal de la Constitución aprobada en 2008 que consagra explícitamente el derecho a la presunción de inocencia y la oralidad y apertura de los juicios.
Hernández y Negrete buscan afianzar la reforma con su película, que costó unos 820.000 dólares y ha ganado una quincena de premios internacionales.
Varias autoridades como Marcelo Ebrard, alcalde capitalino, se han acercado a ellos tras visionar el material.
Negrete sostiene que en estas reuniones "el reto es no sumir a los políticos en la desesperación de que tienen un sistema terrible sino capturar su imaginación para darle la vuelta. Es su trabajo y pueden hacerlo".
