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"Ecuador será otro de los beneficiarios de la paz, pero sabemos también, desde el sector de seguridad, que esta paz presupone momentos difíciles", afirmó Arellano.
El principal riesgo, advierte, está en que una desmovilización de la guerrilla comunista de las FARC, con unos 7.000 combatientes, dé lugar a bandas que se involucren mucho más en el tráfico de drogas y la minería ilegal, una combinación que inquieta a los dos países.
"Nosotros prestamos mucha atención a que grupos ilegalmente armados puedan ya no obedecer a sus mandos, y pudiesen dispersarse, y pudiesen incorporarse a bandas de delincuencia organizada, y eso es sumamente peligroso", declaró Arellano.
Una situación similar se presentó con la desmovilización de los paramilitares colombianos de ultraderecha después de 2006. Cientos de excombatientes se organizaron en bandas criminales que también operan en el límite colombo ecuatoriano.
"Frontera especial"
Ecuador, que en los últimos años desplegó unos 10.000 uniformados en la frontera de 720 km con Colombia para evitar el paso de rebeldes, padece los efectos del conflicto armado más prolongado del continente: acoge a unos 55.000 refugiados, destina al año unos 120 millones de dólares en el resguardo limítrofe y ocupa en ello un 20% de su pie de fuerza.
Además ha perdido varios soldados en combates con guerrilleros que se esconden en Ecuador, y hasta hace poco libró una lucha judicial con Bogotá por los efectos de las fumigaciones antidrogas. El pleito se desactivó con un acuerdo amistoso por el que Colombia desembolsó a su vecino 15 millones de dólares.
De ahí que el gobierno izquierdista de Rafael Correa, que evita referirse a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como grupo terrorista a diferencia de Estados Unidos y Colombia, sea uno de los más entusiastas con la posibilidad de un acuerdo de paz con los rebeldes en el marco de las negociaciones que se llevan a cabo desde hace un año en La Habana.
"Sabemos que este es un proceso que se está iniciando con éxito, con el liderazgo del presidente (colombiano) Juan Manuel Santos, y ojalá terminen bien las negociaciones de La Habana", remarcó el ministro Arellano.
Sin embargo, insiste, "muchos que están en la selva no querrán escuchar" el llamado al desarme, y podrían convertirse en un nuevo problema de seguridad común, por lo que Ecuador no dejará de estar pendiente de "esta frontera especial".
Incluso "estamos pensando en nuevas formas de patrullaje, en el establecimiento de unidades de vigilancia de frontera con infraestructura especializada", indicó. Al mismo tiempo resaltó que "el gobierno colombiano tiene sus planes, y está trabajando intensamente para estas etapas de desmovilización".
Pasos ilegales
Después de restablecer plenamente relaciones diplomáticas en 2011, al cabo de una ruptura de casi tres años por una incursión militar colombiana, Quito y Bogotá están trabajando de la mano para mejorar la seguridad en la frontera mediante la regularización o destrucción de pasos ilegales por donde circula el contrabando de drogas y armas.
Hasta el momento, se han identificado 43 conexiones informales, 28 de las cuales están en proceso de legalización y las restantes 15 serán sometidas a evaluaciones conjuntas para determinar su neutralización, según Arellano.
Simultáneamente, los gobiernos están comprometidos en planes para combatir la minería ilegal, una actividad muy lucrativa en la que están incursionando las mafias del narcotráfico.
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, "nos ha confesado que el tema de la minería ilegal es uno de los principales problemas de seguridad nacional. Los narcotraficantes están entrando en minería ilegal", dijo Arellano.
