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El anuncio lo hizo la funcionaria al comparecer ante el plenario legislativo, en la que fue interrogada sobre incidentes violentos que se han registrado recientemente en la localidad indígena de Salitre, al suroeste del país, por la disputa de tierras entre indígenas e invasores no indígenas de la zona.
Zúñiga dijo a los diputados que la violación de sus territorios no es un problema exclusivo de la comunidad de Salitre, sino de otros 24 territorios indígenas "abandonados históricamente por el Estado costarricense".
El proyecto de ley, que desde hace dos décadas ha entrado y salido del Congreso sin lograr su aprobación, busca dar mayor autonomía a los pueblos indígenas para la administración de sus tierras, que serían declaradas "inalienables" e "intransferibles".
La normativa reconoce también los juicios consuetudinarios de los pueblos indígenas como procesos compatibles con el sistema jurídico del país.
La enseñanza de la lengua y la cultura originarias; el reconocimiento de patentes para la medicina natural indígena y los procedimientos de consulta a estas comunidades sobre asuntos nacionales que puedan afectar sus intereses, son otras de las disposiciones del proyecto.
Organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han insistido ante las autoridades de Costa Rica en la necesidad de aprobar esta legislación.
La ministra aseguró que el gobierno, el Congreso y el Poder Judicial comparten la responsabilidad de atender las demandas de los pueblos indígenas y tomar las medidas necesarias y urgentes para proteger sus derechos.
